En una muestra de preocupación y resistencia, funcionarios de la Fundación Grupo de Apoyo, operadores del sistema de responsabilidad penal para jóvenes y adolescentes en el Tolima, realizan un plantón en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La protesta surge ante la posibilidad de cierre de cuatro programas en la región, dejando a más de 60 familias sin empleo y trasladando a jóvenes a diferentes ciudades.
«Soy madre cabeza de familia, estoy en la entrada del ICBF aferrada y encadenada, para que la directora se compadezca y ponga acá la cara, y nos diga por qué nos quieren trasladar a nuestros hijos», afirmó Luz Marina Cárdenas, madre de un menor beneficiario.
Desde las primeras horas de la mañana, varios funcionarios y madres de los menores se encadenaron frente a la sede principal del ICBF seccional Tolima en la calle 42 de Ibagué. La presencia de las madres de familia es notoria, ya que temen que la Policía Nacional ingrese a la fuerza y traslade a sus hijos a otras ciudades, siendo la mayoría de ellos originarios del departamento del Tolima.
El cierre de los programas del sistema de responsabilidad penal en el Tolima implica el traslado de los menores de edad a otras regionales, generando incertidumbre y malestar entre las familias afectadas. La protesta busca ser escuchada por la directora nacional del ICBF, exigiendo la presencia de entidades como la Defensoría del Público para mediar y encontrar soluciones que eviten el cierre de los programas.
La situación, que afectaría a más de 60 familias tolimenses, resalta la importancia de la movilización ciudadana para proteger los empleos y garantizar la continuidad de programas esenciales para el bienestar de los jóvenes y adolescentes en la región.
Funcionarios de la fundación que opera programas de responsabilidad penal para jóvenes en el Tolima expresaron su desconcierto al enterarse del posible cierre de los programas. Aseguran no tener conocimiento previo de la situación, generando preocupación entre aproximadamente 60 personas que podrían quedar sin empleo.
Los afectados resaltan que el cierre de estos programas no solo impactaría sus fuentes de trabajo, sino que también se estarían vulnerando sus derechos laborales. Hasta el momento, no se ha recibido un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que mantiene a los funcionarios en un estado de incertidumbre respecto a su futuro laboral.
La falta de información por parte de las autoridades competentes agrava la tensión en la situación, y los afectados instan a que se brinde una explicación clara sobre las razones detrás de esta decisión y las posibles soluciones que se puedan implementar para salvaguardar los empleos y mantener la continuidad de los programas en beneficio de los jóvenes en la región.
