El episodio puso nuevamente en el centro del debate los $54.589 millones que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama, reportó haber recibido, administrado y canalizado para atender la emergencia y apoyar los proyectos de reconstrucción.
La pregunta sobre el destino de esos recursos no es nueva. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó una acción de tutela para obtener información detallada sobre las donaciones. Como resultado, el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá ordenó a la fundación complementar su respuesta y entregar información sobre los aportes recibidos, la destinación del dinero, los beneficiarios y los mecanismos de seguimiento.
De acuerdo con el informe de gestión de la organización, los recursos provienen del sector privado y cerca del 81 % corresponde a un aporte de la familia Gilinski. La fundación ha explicado que una parte importante del dinero está reservada para proyectos de reconstrucción, entre ellos la recuperación de instituciones educativas y centros de salud en Cali.
La organización también reportó la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y la atención de más de 48.000 personas en 80 municipios. Sin embargo, sectores de la oposición han cuestionado el nivel de detalle de la información divulgada y han pedido conocer los soportes de las entregas y el cronograma de ejecución de los recursos.
La controversia se intensificó este miércoles 11 de noviembre, cuando el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistió a la sesión del Congreso en la que debía responder por la reconstrucción. En el informe enviado al Legislativo se indicó que el fondo no ha recibido donaciones y que su financiación proviene de un préstamo del Banco Mundial. Este fondo es distinto de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, aunque ambos están relacionados con la atención de la emergencia.
Por ahora, las preguntas sobre la administración y ejecución de las donaciones mantienen el tema en el debate político. La discusión exige respuestas documentadas sobre los recursos y sus resultados, pero los cuestionamientos y la representación exhibida en el Congreso no constituyen por sí mismos prueba de un delito o de apropiación indebida.
