La decisión se produjo después de que se conociera que la nómina mensual del Fondo Milagro rondaba los $765,6 millones, con remuneraciones que alcanzaban los $39,4 millones para el gerente y los $36 millones para otros cargos directivos.
A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó su inconformidad con los valores establecidos y aseguró que estos no correspondían a las directrices de austeridad impartidas a su Gobierno.
“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, expresó De La Espriella.
El jefe de Estado también cuestionó que se hubieran tomado decisiones administrativas sin su autorización y advirtió que ningún funcionario tiene garantizada su permanencia en el Gobierno.
Sin embargo, las medidas no terminaron con la orden de revisar los salarios. El viernes 13 de noviembre, el presidente confirmó que había solicitado la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo y que esta había sido aceptada.
“Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto”, manifestó el mandatario. También anunció que próximamente dará a conocer quién asumirá la dirección de la entidad.
La controversia se había intensificado luego de que el Pacto Histórico divulgara información sobre los salarios de los funcionarios, a partir de una respuesta a un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga. Las cifras generaron cuestionamientos sobre el costo de la estructura administrativa de una entidad creada para coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Ahora, con la orden de reversar los pagos y la salida de su gerente, el Fondo Milagro enfrenta el reto de reorganizar su funcionamiento y demostrar que su gestión está enfocada en atender las necesidades de las comunidades damnificadas.
La pregunta que queda sobre la mesa es quién asumirá la dirección del fondo y cuáles serán los cambios que implementará el Gobierno para garantizar que los recursos destinados a la reconstrucción se administren bajo criterios de austeridad y eficiencia.
