Los mandatarios locales de Suárez y Rovira, en el departamento del Tolima, manifestaron su inconformidad frente a los procesos de reubicación de familias víctimas del conflicto que adelanta la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sin haber sido notificados de manera anticipada. Esta situación ya había generado controversia semanas atrás en Honda, donde también se ubicaron familias provenientes del Catatumbo sin previa concertación.
La alcaldesa de Suárez, Consuelo Alvis, expresó su preocupación ante la llegada de 18 familias desplazadas desde el Catatumbo, quienes fueron instaladas en la vereda Pital, zona donde la Agencia adquirió previamente un terreno de 256 hectáreas. Según Alvis, la administración local se enteró del hecho una vez finalizada la entrega, y ahora deben asumir la responsabilidad de atender a estas personas pese a no contar con la capacidad logística ni institucional para hacerlo.
«Nos informaron después de que todo estaba hecho. No fuimos tenidos en cuenta y, aunque nos preocupa no tener cómo atender adecuadamente a estas familias, estamos comprometidos con garantizar sus derechos y seguridad», afirmó la mandataria.
En Rovira, la situación es similar. El alcalde Víctor Alfonso Gualtero alertó sobre la posible llegada de familias indígenas provenientes del Cauca, una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado. Su mayor preocupación radica en que la zona rural de su municipio presenta alertas de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial mediante prácticas como extorsiones y carnetización de la población.
“No se nos ha informado cuál será el predio ni la vereda de destino. Lo que pedimos es claridad y coordinación, porque no se trata de rechazar a estas familias víctimas, sino de garantizar su integridad y la de nuestras comunidades”, explicó Gualtero.
A raíz de estas preocupaciones, se convocó una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional del Tolima para revisar el cumplimiento de la Sentencia 0171 de 2025, que establece que cualquier proceso de reubicación debe garantizar condiciones dignas y respetar los mecanismos de concertación con las autoridades locales.
Desde el departamento, los alcaldes hacen un llamado al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Tierras para que estos procesos se realicen con diálogo previo, planificación adecuada y respeto por la autonomía territorial, con el fin de proteger tanto a las comunidades receptoras como a las familias que buscan rehacer sus vidas tras ser desplazadas por la violencia.
