Según el reporte, un usuario llevaba más de dos años abasteciendo ilegalmente a 26 apartamentos sin cumplir con la normativa.
El equipo técnico de IBAL fue alertado sobre posibles irregularidades en la zona, y tras realizar las inspecciones correspondientes, se detectaron las conexiones clandestinas. La persona involucrada en este fraude es reincidente, lo que ha afectado la eficiencia del suministro de agua en el sector.
Este tipo de actividades no solo perjudican a los demás usuarios, sino que también infringen la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, según el artículo 256 del Código Penal colombiano, este tipo de delitos conllevan sanciones económicas y penas de prisión.
A lo largo del 2024, la empresa ha identificado 30 casos similares, la mayoría en sectores como La Gaviota, Picaleña y Salado. Estas acciones evidencian la importancia de las inspecciones y medidas correctivas para garantizar un uso adecuado del servicio de agua.
El IBAL hace un llamado a la comunidad a regularizar su conexión al sistema de acueducto para evitar problemas legales y contribuir a una distribución justa del recurso.
