Este año, el departamento del Tolima cerró la temporada de fin de año con 52 personas lesionadas por manipulación de pólvora, una cifra inferior al periodo 2023-2024, cuando se documentaron 72 casos.
De esos 52 casos, 24 correspondieron a la capital, Ibagué —es decir, casi la mitad del total departamental— lo que evidencia que la ciudad sigue siendo el foco principal de este tipo de incidentes.
Entre los afectados en Tolima hay 9 menores de edad y 43 adultos. Además, se registraron cinco amputaciones y seis lesiones oculares.
A nivel nacional, según el informe del Instituto Nacional de Salud (INS), las lesiones por pólvora constituyen un evento de interés en salud pública desde 2003. En la temporada 2023–2024, el país acumuló 1.357 lesionados por pólvora, lo que representó un aumento del 17,7 % frente al periodo anterior.
De ese total histórico, 928 lesionados fueron menores de edad y se registraron dos muertes. Esto indica que, pese a las advertencias, el riesgo continúa siendo alto, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
El INS reporta que las quemaduras constituyen cerca del 90 % de las lesiones causadas por pólvora en Colombia, seguidas por laceraciones y contusiones.
Las autoridades sanitarias advierten que las lesiones por pólvora pueden ocasionar daños graves, incluso irreversibles —pérdida de audición, lesiones oculares con secuelas permanentes, amputaciones, entre otras consecuencias.
En el caso de los menores de edad lesionados en Tolima —y documentados por ICBF — se han activado procesos de protección. En diciembre de 2024, el ICBF inició varios procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) en municipios como Ibagué, Ortega y Líbano, con el fin de garantizar el bienestar de los niños afectados.
Las autoridades recalcan la urgencia del acompañamiento médico inmediato tras los incidentes, así como la notificación oportuna de los casos a las líneas de reporte, para facilitar la atención integral de los afectados.
Políticas, regulación y responsabilidad social
A nivel nacional, el uso, la fabricación, transporte, comercialización y manipulación de pólvora está regulado por la Ley 2224 de 2022, reglamentada por el Decreto 2174 de 2023. Estas normas buscan proteger la vida, la integridad física y la salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades locales, como la Secretaría de Gobierno de Ibagué, han iniciado la elaboración de un decreto municipal de restricción para el uso de pólvora — en coordinación con salud, el ICBF, comisaría de familia, personería y justicia — con el fin de prevenir tragedias. En caso de quemaduras a menores por pólvora, los padres o responsables podrían afrontar sanciones administrativas, multas y hasta procesos penales por lesiones.
Estos esfuerzos buscan reducir los casos en la ciudad con una estrategia de control rígido y conciencia ciudadana.
A pesar de la regulación nacional, las estadísticas muestran que la manipulación de pólvora sigue siendo una causa importante de lesiones graves.
Los menores continúan siendo un grupo vulnerable: en Tolima, aunque este año los menores afectados fueron 9, cualquier incidente representa un riesgo serio.
Las autoridades de salud y protección deben garantizar atención rápida, seguimiento médico y acompañamiento integral en los casos que involucren a niños.
Es clave reforzar campañas de prevención, sensibilización familiar, control de expendio y decomiso de artefactos, así como promover alternativas de celebración segura.
