En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Pierre García Jacquier, exdirector del DPS, la fiscal del caso insistió en que hay múltiples pruebas que infieren que ese exfuncionario, presuntamente hacía parte de un entramado criminal y los senadores Carlos Fernando Motoa, Miguel Barreto y Ciro Ramírez, al parecer tenían subgrupos de operaciones ilícitas para adueñarse de la contratación pública.
El contrato de gerencia 670 del año 2022 y sus derivados del que se habría beneficiado ese grupo de senadores oscila en los $48.000 millones. Hay que recordar que, la información recopilada que involucra a esos congresistas fue remitida en una compulsa de copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
(Imagen cortesía: Caracol Radio)
La Fiscalía dice que Pierre García Jacquier, presuntamente, definía a quién se direccionaba la contratación y no hablaba. Solo se comunicaba por su Tablet o papelitos escritos que después borraba o destruía.
Según el ente acusador, el exdirector de la entidad indicaba a quien se debía darle los contratos donde al parecer, algunos congresistas sacaban jugosas ‘coimas’, en el denominado ‘cartel de las marionetas’.
