Uno de los temas que hoy intenta posicionar el Gobierno Nacional es el control de la población de hipopótamos en Colombia, particularmente en Doradal y Puerto Triunfo, Antioquia. Sin embargo, más que una política ambiental estructurada, lo que estamos viendo es una reacción tardía frente a un problema que el mismo Estado dejó crecer durante décadas.
Colombia es hoy el único país de América con población silvestre de hipopótamos, una realidad que no es fruto de la biodiversidad sino de una de nuestras mayores tragedias históricas: el narcotráfico. Fue Pablo Escobar quien introdujo estos animales en los años 80 en su hacienda Nápoles. En ese entonces llegaron apenas 4 individuos, sin que existiera control estatal efectivo ni antes ni después de su muerte. Tras su caída, los bienes del capo pasaron a manos del Estado, y con ellos también la responsabilidad sobre estos animales. Ahí comienza la verdadera omisión: durante más de 30 años no existió una política seria para controlar su reproducción.
El resultado es hoy inocultable. La población supera los 200 hipopótamos, y según proyecciones podría alcanzar 700 en 2030 y hasta 1.000 en 2035 si no se interviene de manera efectiva. Pero el problema ya no es solo de números, sino de territorio: estos animales se han expandido en más de 43.000 km² a lo largo de la cuenca del río Magdalena, dejando de ser un fenómeno local para convertirse en una problemática ambiental de escala regional. Su crecimiento, además, es acelerado: las hembras se reproducen cada 2 o 3 años, y la estructura poblacional, con cerca del 37% de crías y juveniles y un 35% de subadultos, indica que la expansión está lejos de detenerse.
El impacto ambiental es profundo. El hipopótamo, como especie invasora, consume hasta 40 kilos de vegetación al día y altera los ecosistemas acuáticos con sus desechos, modificando la calidad del agua y afectando peces, tortugas y especies emblemáticas como el manatí. A esto se suma un riesgo que suele subestimarse: el humano. En África, estos animales causan alrededor de 500 muertes al año, y en Colombia ya se registran incidentes con comunidades y embarcaciones, lo que evidencia que el problema no es solo ecológico, sino también de seguridad.
No se trata, además, de un fenómeno aislado en Antioquia. La expansión de los hipopótamos sigue el curso del río Magdalena, lo que pone en la línea de riesgo a departamentos como el Tolima. Municipios ribereños como Honda, Ambalema o Mariquita reúnen condiciones ideales para su establecimiento: agua abundante, clima cálido y corredores naturales de movilidad. Con una población que no deja de crecer, su llegada a estos territorios no es una hipótesis lejana, sino una consecuencia previsible de la inacción estatal. El problema, entonces, no solo crece: también avanza.
Frente a este panorama, el Gobierno plantea hoy un plan de manejo que ronda los 7.200 millones de pesos, con medidas que incluyen esterilización, traslado, confinamiento y, como último recurso, la eutanasia. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué no se actuó hace 20 años, cuando el control era viable? ¿Por qué no se implementaron estrategias sostenidas desde el inicio o se buscaron alianzas internacionales con países expertos en el manejo de esta especie?
Hoy el Estado pretende resolver en pocos años lo que dejó crecer durante décadas. Y cuando las instituciones llegan tarde, las soluciones suelen ser más drásticas, más costosas y menos efectivas. Ahí emerge la contradicción: mientras algunos sectores defienden, con argumentos válidos, la vida de los hipopótamos, se relega la protección del ecosistema y de las especies nativas que están siendo desplazadas.
El hipopótamo no tiene la culpa; es otra consecuencia del abandono institucional. Pero tampoco podemos romantizar su presencia mientras se deteriora uno de los sistemas ambientales más importantes del país. El verdadero debate no es si se salvan o se sacrifican estos animales, sino por qué en Colombia se actúa solo cuando el problema ya es inmanejable. Defender la naturaleza no puede ser un ejercicio selectivo: implica proteger el equilibrio completo del ecosistema, no solo aquello que resulta mediático.
Porque, al final, el hipopótamo no tiene la culpa. Pero alguien sí la tiene.
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