
Colombia lleva décadas intentando desmantelar sus diferentes grupos armados. Los acuerdos de paz, las desmovilizaciones, los operativos y los titulares de sensacionalistas que han llenado páginas de historia reciente. Pero, que en la práctica solo han logrado mutar al fenómeno paramilitar, que en su interior se mantiene prístino. Hay un fenómeno que crece en silencio detrás de las fachadas legales, y los salvoconductos oficiales: el uso sistemático de empresas de vigilancia y seguridad privada como plataforma para rearmar, movilizar y proteger al crimen organizado. A esto, sin eufemismos, habría que llamarlo neoparamilitarismo privado.
En marzo de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía desmantelaron un «holding criminal» compuesto por tres empresas de seguridad que alquilaban armas de fuego a integrantes de grupos al margen de la ley, quienes además eran vinculados como escoltas para movilizarse con documentación legal. El mecanismo era tan sencillo como ingenioso: los criminales eran contratados como empleados de vigilancia privada, lo que les permitía portar armas amparadas legalmente y movilizarse sin mayores restricciones para desarrollar actividades sus actividades delictivas. Pero el sistema no terminaba ahí, si en alguna eventualidad las armas eran incautadas en algún operativo, las empresas en la mayoría de los casos podrían recuperarlas, porque se encontraban amparadas con los documentos exigidos por la ley. Lo más revelador del caso no es solo el ingenio criminal del esquema, esta era la punta del iceberg, en su planta de contratación más de 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales y algunos de ellos habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. El Clan del Golfo era uno de los clientes habituales. Las armas incautadas fueron sometidas a estudios balísticos para determinar si habían sido usadas en homicidios. Esto no es un caso aislado. Es una industria criminal.
Desde 1993 se han otorgado licencias de funcionamiento para 2019 empresas de vigilancia en Colombia. De esas, 1351 permanecen activas, entre ellas 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Un ecosistema armado privado de proporciones industriales que, como revelan los hallazgos recientes, no siempre opera del lado de la legalidad. Las investigaciones encontraron 197 empresas inactivas que reportan 62.664 armas sobre las cuales no existe certeza de su ubicación actual. Algunos números de serie de esas armas coinciden con los de armas incautadas en operativos policiales, especialmente en delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal. Son armas legales que el Estado entregó y que hoy están en poder del crimen organizado, protegidas por el anonimato de una empresa fantasma.
El debate sobre quién es responsable de este desastre institucional es más que valido, pero no puede convertirse en cortina de humo. Lo urgente es reconocer que Colombia ha permitido la creación de un sistema paralelo de armamento y movilización criminal vestido con los ropajes de la legalidad. El carné de escolta, el salvoconducto y el registro de armas no son solo documentos administrativos: en manos equivocadas, son escudos jurídicos al servicio de la violencia. La solución no puede ser solo represiva. Requiere una reforma profunda de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, auditorías permanentes sobre el paradero de cada arma registrada, y la voluntad política de cerrar la puerta giratoria entre el sector de la seguridad privada y el crimen organizado. Las tres empresas invetigadas (Sara Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda.) operaban como fachadas para entregar carnés a organizaciones criminales. Tres nombres, pero detrás, un modelo de negocio que merece ser declarado amenaza de seguridad nacional. Colombia no puede seguir financiando con salvoconductos su propia desestabilización.
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