La industria arrocera en Colombia es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y representa uno de los cinco sectores agrícolas más relevantes para el desarrollo económico del país. Este gremio aporta el 2,75 % del valor agregado agrícola nacional y genera más de 400 mil empleos en zonas rurales, siendo clave en la dinámica del campo colombiano.
Hace apenas cuatro meses, el gremio arrocero se vio obligado a movilizarse en todo el territorio nacional para visibilizar la crisis que atraviesa. Una crisis provocada por diversos factores económicos y estructurales: aunque Colombia produce entre 2 y 3 millones de toneladas de arroz al año, la sobreoferta interna y los bajos precios de comercialización obligaron a muchos productores a vender por debajo de sus costos de producción, enfrentando pérdidas que los llevaron, en muchos casos, a la quiebra.
Después de más de dos semanas de movilizaciones y mesas de diálogo con participación del gobierno nacional, se firmó el Acuerdo de Chicoral. En este pacto, el Ministerio de Agricultura se comprometió a entregar apoyos directos a la comercialización: $15.000 por tonelada para pequeños productores y $9.750 para medianos, clasificándolos según su capacidad de producción (hasta 116 toneladas los pequeños y hasta 335 toneladas los medianos).
Posteriormente, mediante la Resolución 084 del 9 de abril de 2025, el Ministerio formalizó el Programa de Apoyo Directo. No obstante, los criterios exigidos a los productores eran excesivamente restrictivos, lo que terminó excluyendo a la mayoría. La Bolsa Mercantil —encargada de operar el programa— aplicó unos lineamientos que dejaron por fuera al 90 % de los productores que aspiraban al incentivo. De los más de 11.200 productores que inicialmente cumplirían los requisitos, solo aproximadamente 1.800 fueron beneficiados. ¿La razón? Supuestamente, los demás no cumplían con los criterios exigidos, una justificación que huele más a evasión del compromiso que a criterios técnicos legítimos.
Ante este evidente incumplimiento, el gremio arrocero ha vuelto a movilizarse. No solo se han puesto trabas a los incentivos acordados, sino que tampoco se ha avanzado en el mejoramiento del sistema financiero que facilite el acceso a créditos ni en la revisión de la tasa por uso del agua, temas fundamentales discutidos en Chicoral. En resumen, el acuerdo no se ha cumplido, y la paciencia de los agricultores ha llegado a su límite.
Además, el gobierno debe actuar con firmeza para evitar el contrabando técnico, un fenómeno que la misma ministra ha señalado como posible causa de distorsión en el mercado. Sin embargo, esto no puede ser utilizado como excusa para justificar el incumplimiento de los compromisos adquiridos.
El departamento del Tolima, que produce más de 685 mil toneladas de arroz al año (el 21 % de la producción nacional), es uno de los más afectados. Por eso, se prevé que sea protagonista en la nueva jornada de movilizaciones. Es urgente que el gobierno convoque una mesa ampliada de concertación y, esta vez, cumpla con lo pactado. La estabilidad del campo y la tranquilidad de los tolimenses están en juego.
Es momento de ser solidarios con el gremio arrocero, que no reclama privilegios, sino el cumplimiento de acuerdos básicos para garantizar su sostenibilidad. El gobierno del presidente Petro, que se ha presentado como el gobierno del cambio y de los sectores históricamente marginados, tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que su palabra sí vale. De lo contrario, seguirá improvisando y, con justa razón, sonrojándose.
