El Tribunal Administrativo del Tolima, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, decretó una medida cautelar en el marco de la acción popular presentada por la Gobernación del Tolima contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, por las millonarias deudas que amenazan la sostenibilidad de la red hospitalaria del departamento.
La determinación judicial busca garantizar la continuidad del servicio y la protección del derecho a la salud de los tolimenses, ante la grave crisis financiera que enfrentan los hospitales públicos y privados.
“Se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, señaló el magistrado Rojas durante la audiencia.
De acuerdo con el Tribunal, las EPS adeudan más de $600 mil millones al sector público y $400 mil millones al privado, según reportes del Ministerio de Salud, Hacienda, la Superintendencia y la ADRES.
Como parte de la decisión, el Tribunal ordenó a las EPS y a los operadores del sistema cumplir en un plazo máximo de dos meses con los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, referentes al saneamiento de cartera y pago de obligaciones no glosadas de los años 2020 a 2024.
Asimismo, dispuso que las entidades nacionales convoquen una mesa técnica nacional para establecer los créditos y deudas pendientes, definir un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago del 20 % de las sumas liquidadas con corte al 30 de junio de 2025.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, celebró la decisión del Tribunal, destacando que marca un precedente en defensa de los derechos de los usuarios del sistema.
“Esta medida evidencia la preocupación real que existe frente al flujo de recursos y la crisis que vive el sistema. Es una acción necesaria para proteger tanto la red pública como privada y garantizar la atención a los tolimenses”, afirmó la funcionaria.
Con esta decisión, el Tribunal del Tolima responde al llamado del Gobierno Departamental, que había advertido sobre el riesgo de colapso del sistema de salud si las EPS no cumplían con sus obligaciones financieras.
