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Sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima”: gobernadora Adriana Matiz durante audiencia judicial

Desde el auditorio Alfonso Reyes Echandía del Palacio de Justicia de Ibagué, avanza la audiencia de la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima contra el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Salud, la ADRES y las EPS, por la millonaria deuda que hoy compromete la sostenibilidad del sistema hospitalario en el departamento.

Durante su intervención, la gobernadora Adriana Magali Matiz alertó sobre la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta urgente por parte de las entidades nacionales.

“Sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima. En el departamento esto constituye un factor crítico, sin duda alguna, de un riesgo financiero y operativo para el sistema de salud”, manifestó la mandataria.

De acuerdo con Matiz, la cartera acumulada supera $1,2 billones, afectando directamente el funcionamiento de los hospitales públicos y privados, y poniendo en riesgo el pago de nóminas, proveedores e insumos médicos.

Hospitales de referencia como el Federico Lleras Acosta enfrentan una situación crítica al no contar con los recursos suficientes para pagar al personal médico ni adquirir medicamentos o materiales básicos para la atención de los pacientes.

“Así como no tenemos para pagar las nóminas, tampoco tenemos para pagar a los proveedores de insumos y medicamentos. Es una situación generalizada que estamos viviendo hoy en el departamento”, añadió la gobernadora.

La mandataria explicó que, pese a las múltiples mesas técnicas realizadas con las EPS, no se han concretado acuerdos de pago ni desembolsos efectivos, lo que agrava el déficit financiero del sistema.

“En las actas allegadas dentro de la acción popular se evidencia que no se consiguen sumas de dinero ni compromisos reales. Por el contrario, la cartera sigue aumentando año tras año en un promedio de doce mil millones de pesos”, puntualizó.

Ante este panorama, el Gobierno Departamental solicitó al magistrado decretar una medida cautelar urgente, que obligue a las EPS a cumplir con los giros pendientes y garantice la continuidad de los servicios de salud para los tolimenses.

“El llamado es a que se decrete esa medida cautelar, señor magistrado, porque de no hacerlo estaríamos poniendo en riesgo la prestación del servicio de salud a los tolimenses”, concluyó la gobernadora Matiz.

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