El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sanción fiscal por más de 40.500 millones de pesos que la Contraloría de Bogotá había impuesto contra el presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en el modelo de recolección de basuras implementado durante su administración como alcalde mayor.
La Sala Primera, Subsección B, concluyó que los actos sancionatorios expedidos por el ente de control estaban en “manifiesta oposición a la Constitución o la ley” y que se vulneró el derecho al debido proceso por la aplicación indebida de la Ley 678 de 2001, la cual regula la responsabilidad fiscal.
De acuerdo con el fallo, la Contraloría Distrital violó el principio de legalidad al aplicar presunciones de culpa que no correspondían al procedimiento fiscal. En consecuencia, la responsabilidad impuesta a Petro queda sin efectos y el mandatario no deberá pagar la multimillonaria sanción.
La decisión también ordena que la Contraloría de Bogotá expida un nuevo acto administrativo en un plazo máximo de 30 días, una vez quede ejecutoriado el fallo, con el fin de dejar constancia formal de la revocatoria.
Este fallo representa un nuevo capítulo en uno de los procesos más polémicos del paso de Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá (2012–2015), relacionado con la implementación del modelo público de aseo que reemplazó a los operadores privados del servicio.
