La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro sufrió un duro revés tras ser archivada en la Comisión Séptima del Senado. Con 8 votos a favor del archivo y 6 en contra, el proyecto no logró los apoyos necesarios para continuar su trámite legislativo, reflejando la falta de consensos y la resistencia dentro del Congreso a una de las iniciativas clave del Ejecutivo.
El fracaso de la reforma pone en evidencia no solo la dificultad del Gobierno para negociar con los diferentes sectores políticos, sino también las dudas que generaban sus propuestas en materia de estabilidad laboral, formalización del empleo y derechos de los trabajadores. Mientras algunos sectores la consideraban un avance en derechos laborales, otros la veían como un riesgo para la generación de empleo y la competitividad empresarial.
Ante este escenario, el presidente Petro ha anunciado su intención de convocar una consulta popular para definir el futuro tanto de la reforma laboral como de la reforma a la salud. Esta estrategia busca trasladar la decisión directamente a la ciudadanía, pero también abre interrogantes sobre su viabilidad, costos y posible impacto en la estabilidad institucional.
Además, el Gobierno ha promovido manifestaciones y hasta ha declarado un día cívico en un intento por movilizar respaldo popular a sus reformas. Sin embargo, estas medidas han sido interpretadas por la oposición como una presión indebida sobre las instituciones y un síntoma del desgaste político del Ejecutivo.
Con la reforma laboral archivada, el Gobierno enfrenta un desafío aún mayor: reconstruir su capacidad de diálogo con el Congreso y encontrar nuevas estrategias para impulsar su agenda sin depender exclusivamente de la movilización social. ¿Será la consulta popular la solución o solo profundizará la polarización política en el país?
