Gerente de Proyectos explicó en exclusiva para Ángeles TV el alcance del mecanismo de Obras por Impuestos y aclaró por qué los recursos no pueden ejecutarse en la capital tolimense.
Ibagué invertirá $2.000 millones de pesos en el municipio de Chaparral, Tolima, a través del mecanismo nacional de Obras por Impuestos, una figura legal vigente desde 2017 que permite a las empresas destinar parte de su impuesto de renta a proyectos de inversión social en territorios priorizados por el Estado.
Así lo explicó Érika Palma, gerente de Proyectos del municipio de Ibagué, en entrevista exclusiva para Ángeles TV, en la que respondió a las inquietudes de la ciudadanía sobre por qué estos recursos no se ejecutan directamente en la capital del Tolima.
La funcionaria precisó que la inversión se realiza a través de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), una empresa industrial y comercial del Estado que, como cualquier otra en el país, debe cumplir con sus obligaciones tributarias ante la DIAN.
“Hay que aclarar que el IBAL paga impuestos nacionales, especialmente el impuesto de renta. Desde 2017 existe el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite a las empresas deducir hasta el 50 % de ese tributo para invertirlo en municipios priorizados por el Gobierno Nacional”, explicó Palma.
¿Por qué en Chaparral y no en Ibagué?
Según la gerente, Chaparral hace parte del grupo de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), es decir, territorios afectados históricamente por el conflicto armado y priorizados para este tipo de inversiones. Ibagué, aunque es un municipio receptor de víctimas —con más de 40.000 personas registradas—, no está incluido en ese listado, lo que impide legalmente que estos recursos se ejecuten en la ciudad.
“Si Ibagué no hace parte del listado PDET o ZOMAC, esos recursos no se pueden invertir aquí. No es una decisión política, es una restricción legal del mecanismo”, subrayó.
Palma aclaró además que el monto invertido en Chaparral no corresponde al tope máximo permitido. El IBAL tributa entre $10.000 y $11.000 millones anuales a la DIAN, y en este caso solo se destinaron $2.000 millones mediante Obras por Impuestos.
Transformar impuestos en inversión social
La funcionaria destacó que es la primera vez que una empresa del municipio de Ibagué utiliza este mecanismo, convirtiendo impuestos nacionales en obras de infraestructura social dentro del departamento del Tolima.
“Lo que hacemos es evitar que esos recursos se vayan a la bolsa general del Gobierno Nacional y, en cambio, transformarlos en inversión directa para cerrar brechas socioeconómicas en municipios golpeados por la violencia”, afirmó.
¿Qué pasaría si no se aplicara este mecanismo?
Palma fue enfática en señalar que, de no utilizarse Obras por Impuestos, los recursos igual tendrían que pagarse a la DIAN, sin ninguna posibilidad de quedarse en Ibagué.
“Si no se paga, la empresa se expone a sanciones, multas y procesos por parte de la DIAN. Y aun pagando, esos recursos no podrían quedarse en Ibagué porque son impuestos nacionales”, explicó.
Obras por impuestos locales para Ibagué
Finalmente, la gerente anunció que la administración municipal ya dio un paso para que Ibagué sí se beneficie de un esquema similar, pero a nivel local. En 2024 se expidió el decreto de Obras por Impuestos municipales, que permitirá destinar recursos provenientes del impuesto de industria y comercio y del predial.
Para 2025 se proyecta un CONFIS entre $10.000 y $12.000 millones, con el fin de que empresas privadas como bancos, universidades y clínicas inviertan directamente en proyectos estratégicos para la ciudad.
“El primer proyecto que queremos priorizar es la Biblioteca Viña Calderón, una obra clave para niños, niñas y adolescentes de Ibagué”, concluyó Palma.
Con esta explicación, la administración municipal busca dar claridad sobre el uso de los recursos y reiterar que la inversión en Chaparral no significa un desvío de fondos de Ibagué, sino una decisión legal que permite que los impuestos se queden en el Tolima y beneficien a los municipios más afectados por el conflicto armado.
