El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este martes 11 de junio el Decreto 0639 de 2025, mediante el cual convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral propuesta por su gobierno. La consulta está programada para el próximo 7 de agosto, coincidiendo con el tercer aniversario de su mandato.
Esta decisión llega apenas un mes después de que el Senado rechazara la propuesta de consulta con 49 votos en contra y 47 a favor. Petro argumenta que dicha votación fue inválida y que se acoge a la “excepción de inconstitucionalidad” para justificar la emisión del decreto sin el aval del Congreso.
La consulta incluirá 12 preguntas relacionadas no solo con la reforma laboral, sino también con otros temas de interés nacional como el sistema de salud. El presidente ha condicionado la revocación del decreto a la aprobación legislativa de una reforma laboral que cumpla con los objetivos sociales planteados por su administración.
La medida ha desatado una tormenta política. Varios sectores de oposición, expresidentes, analistas constitucionales y gremios económicos han calificado la decisión como un “autogolpe de Estado” y alertan sobre posibles riesgos institucionales. En contraste, el gobierno defiende la constitucionalidad del decreto y confía en que la Corte Constitucional respaldará su legalidad.
Este episodio marca un nuevo punto álgido en la crisis institucional que vive el país, donde se debaten los límites del poder presidencial y la separación de poderes. De momento, la atención está puesta en la reacción de las altas cortes, el Congreso y la ciudadanía ante un acto sin precedentes en la historia democrática de Colombia.
