Estamos a 280 días de saber quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, siempre y cuando alguien logre ganar en primera vuelta. A través de redes sociales y medios de comunicación vemos que esta es una de las campañas más candentes, pues hay más de 35 precandidatos, más del 100% de lo que hubo en las presidenciales pasadas de 2022, en las que resultó vencedor el hoy presidente Gustavo Petro.
Las precandidaturas provienen de políticos de todas las vertientes: derecha, centro e izquierda. También hay presencia de aspirantes provenientes de poblaciones vulnerables como indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, lo cual le da un punto positivo al proceso democrático. Hace cuatro años, antes de las consultas, los analistas políticos ya tenían claro quiénes llegarían a la recta final. Hoy, en cambio, no lo sabemos. Seguimos a la espera de las casi cinco posibles alianzas y consultas que se llevarán a cabo para definir un candidato único que competirá el próximo 31 de mayo de 2026.
Entre las alianzas conocidas está la del Pacto Histórico, con figuras como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y otros senadores y exministros afines al actual gobierno. También la del Frente Amplio, conformada por políticos de centroizquierda, donde figuran los embajadores Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo. En la Fuerza de las Regiones, de tendencia centroderecha, aparecen exgobernadores y exalcaldes de capitales, como Aníbal Gaviria. La alianza de partidos reúne a políticos de varias colectividades, entre ellos el exfiscal Francisco Barbosa y el exministro de Santos Mauricio Cárdenas. Finalmente, el Centro Democrático se articula con figuras del uribismo como la senadora Paloma Valencia y Miguel Uribe, padre del fallecido senador asesinado en plena campaña en Bogotá el pasado 7 de junio, cuando sufrió un atentado en manos de un menor de edad, llevándolo a la muerte el 11 de agosto.
De otra parte, están los precandidatos que al parecer no harán alianzas en un inicio, sino que irán directo a la primera vuelta. Entre los más conocidos: la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, Sergio Fajardo —candidato en varias ocasiones—, la periodista Vicky Dávila, entre otros que hoy recogen firmas.
Como ciudadano colombiano, me preocupa la situación del país. La realidad de los territorios sigue siendo precaria. Aunque la economía muestra algunos signos de estabilidad, enfrentamos problemas graves como la inseguridad. Y preocupa que los precandidatos aún no tengan propuestas claras que convenzan al electorado.
Colombia necesita un presidente que entienda que la inseguridad no se resuelve únicamente con balas contra grupos delincuenciales o terroristas. Es necesario, sí, enfrentar el crimen, pero también invertir en lo social: educación, oportunidades laborales, proyectos para los jóvenes. Hoy muchos profesionales recién graduados terminan en oficios ajenos a su carrera porque no hay espacio para ellos.
Me pregunto: ¿han escuchado ustedes a algún precandidato proponer una ley o programa, que envíe a jóvenes recién graduados a los territorios, para enseñar en comunidades que no pueden acceder a educación, reduciendo el analfabetismo, mientras ganan experiencia y un ingreso digno? Hoy vemos escuelas sin docentes y, al mismo tiempo, jóvenes profesionales desempleados. ¿De quién es la culpa?
En meses pasados algunos candidatos propusieron bajar el IVA del 19% al 17%. ¿Quién los asesora? Es cierto que el impuesto es alto, pero también es cierto que con ese recaudo el Estado financia programas sociales. Reducirlo significaría una desfinanciación de más de 12 billones de pesos, lo que incrementaría la pobreza. Más que prometer rebajas inviables, deberían comprometerse en que los más ricos paguen lo que les corresponde y no evadan impuestos.
Otra propuesta que se ha escuchado es eliminar cámaras de comercio y notarías. ¿Y entonces cómo se controlarían los registros mercantiles? Eso fomentaría la evasión. Eliminar notarías sería un golpe al derecho civil, pues son los notarios quienes dan fe pública de actos jurídicos. Más sensato sería revisar los costos notariales o aumentar la vigilancia sobre ellos.
Incluso hay propuestas jocosas como la de “balín para todos los bandidos y corruptos”. Pero estamos en un Estado social de derecho que protege la vida. Más útil sería proponer una verdadera reforma a la justicia que funcione con rigor y que sancione a tiempo a los corruptos.
Hacemos un llamado a los candidatos a tener en cuenta lo siguiente: respeto en el discurso, basta de polarización; responsabilidad con el país, ser candidato no es un juego; construir sobre lo construido, no todo lo anterior debe destruirse; refrescar la política con coherencia, recuperando la confianza ciudadana; y, finalmente, promover un gobierno social y democrático, con acceso real a los derechos fundamentales.
En materia de salud necesitamos mejor infraestructura hospitalaria, más capacidad de atención y mejor acceso a medicamentos. En educación, no basta con que sea gratuita: la permanencia también importa. Hoy, por ejemplo, en la Universidad del Tolima la carrera de Medicina gratuita la ocupan sobre todo estudiantes de estratos 4, 5 y 6, que tuvieron ventajas en la educación secundaria. En cambio, jóvenes de municipios apartados con menos preparación no logran un puntaje en el ICFES que les permita entrar. ¿Qué propuestas hay para ellos? ¿Cómo garantizar la permanencia de los estudiantes quienes viajan a las ciudades, pagan arriendo y alimentación sin tener empleo?
Necesitamos propuestas reales, no discursos vacíos ni promesas populistas. Menos conflictos políticos y más soluciones para Colombia.
