Las palabras que matan: Petro, la Segunda Marquetalia y el magnicidio de Miguel Uribe
No fue un crimen aislado. Fue un mensaje político, una advertencia con sangre. El asesinato de Miguel Uribe Turbay según la Fiscalía, ordenado por la Segunda Marquetalia destapa el rostro más oscuro del pacto que desde hace años carcome a Colombia: la alianza tácita entre el discurso incendiario del poder y la violencia de los grupos narcoterroristas. Detrás de cada bala que apaga una voz de oposición, hay una palabra irresponsable, una estigmatización, un silencio cómplice. Y en este caso, el eco de esas palabras lleva el sello del presidente Gustavo Petro.
La Segunda Marquetalia no nació de la nada. Es hija legítima de los acuerdos de La Habana, de ese proceso que prometió la paz y nos devolvió la guerra. Iván Márquez y Jesús Santrich recibieron curules, aplausos y garantías. El Estado les tendió la mano, y ellos respondieron con traición. Se fugaron, se armaron de nuevo y fundaron la Segunda Marquetalia, que hoy según la Fiscalía es la organización que planeó y ejecutó el magnicidio de Miguel Uribe. No se trata solo de un grupo armado: se trata de una estructura que ha manejado más de 80 rutas del narcotráfico, que ha ejecutado más de 300 ataques armados desde 2019 y que opera en 17 departamentos del país, según informes de inteligencia militar.
Pero hay un hecho aún más escandaloso: uno de los actuales precandidatos presidenciales fue quien celebró la liberación de Santrich, aquel episodio vergonzoso donde un senador lo esperó con camionetas del Estado para sacarlo de prisión, justo antes de su fuga. Esa escena que muchos quieren borrar de la memoria nacional fue el punto de partida de la tragedia. Si ese hombre no hubiera intercedido, si no hubiera aplaudido la impunidad, hoy quizás Miguel Uribe estaría vivo.
Por eso hay que decirlo sin ambigüedades: ese precandidato presidencial es responsable moral y político de haber permitido que los asesinos de Miguel Uribe siguieran libres. Y que nadie se confunda: ese mismo precandidato pertenece al mismo proyecto político que hoy ocupa la Casa de Nariño. Un proyecto que ha hecho del odio su combustible y de la estigmatización su estrategia.
Las cifras son alarmantes. En los últimos dos años, la Defensoría del Pueblo ha registrado más de 450 amenazas contra líderes políticos de oposición, de las cuales el 72% se relacionan con grupos armados residuales como la Segunda Marquetalia. No es coincidencia. Cada vez que Petro señala, sus seguidores actúan; cada vez que calumnia, un opositor es amenazado. Hoy Paloma Valencia, nuestra precandidata presidencial, enfrenta esas mismas amenazas, las mismas que ayer anunciaron el fin de Miguel Uribe.
El gobierno Petro tiene la obligación constitucional y moral de garantizar la vida de la oposición. Pero no lo hace. Prefiere el discurso del odio, el señalamiento, la división. No se puede gobernar sembrando enemigos y esperar cosechar paz.
Porque las palabras de un presidente pueden construir un país… o pueden matarlo. Y en Colombia, ya sabemos de qué lado está el verbo de Gustavo Petro.
