El proyecto superó su último debate en la Cámara de Representantes, después de haber recibido el respaldo del Senado. En la primera corporación obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara consiguió 95 votos positivos y 10 negativos. Ambas corporaciones aprobaron el mismo texto, por lo que no fue necesario convocar una comisión de conciliación.
Tras conocerse el resultado, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión a través de su cuenta de X y agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y a los congresistas que respaldaron la iniciativa.
Sin embargo, una de sus frases llamó especialmente la atención y abrió un nuevo capítulo en la confrontación política con su antecesor Gustavo Petro: «La falsa paz total llegó a su fin», escribió el mandatario, al presentar la aprobación como un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad del país.
La nueva normativa establece un mecanismo jurídico para que integrantes de organizaciones criminales y estructuras armadas ilegales puedan someterse a la justicia bajo condiciones específicas. Entre los compromisos exigidos se encuentran abandonar las actividades delictivas, entregar información sobre el funcionamiento de las organizaciones, revelar sus bienes y finanzas y contribuir al esclarecimiento de los hechos criminales.
Uno de los puntos más discutidos de la iniciativa son los beneficios penales. El texto contempla tratamientos diferenciados y reducciones de penas para quienes cumplan las condiciones establecidas, con diferencias según el papel que hayan desempeñado dentro de las estructuras criminales. Los beneficios no serán automáticos: estarán sujetos al cumplimiento de los compromisos y al control de las autoridades judiciales.
El Gobierno ha defendido que este mecanismo no representa una negociación política con los grupos criminales. El ministro Iván Cancino explicó que la iniciativa no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición como parte automática del proceso. Quienes pretendan acogerse deberán cumplir las exigencias establecidas; de lo contrario, no podrán acceder a las condiciones judiciales previstas.
La discusión legislativa también estuvo marcada por cuestionamientos de sectores de oposición, que expresaron preocupaciones sobre los beneficios contemplados, las garantías para las víctimas y los controles necesarios para evitar que las organizaciones criminales utilicen el mecanismo sin cumplir sus obligaciones.
Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto terminó su trámite en el Congreso y quedó listo para la sanción presidencial, paso necesario para convertirse formalmente en ley de la República.
La decisión representa un cambio importante en la política de sometimiento de estructuras criminales y abre un nuevo debate sobre la seguridad, la justicia y el tratamiento que recibirán quienes decidan abandonar las organizaciones ilegales.
