El Gobierno Nacional está considerando un polémico proyecto de ley que permitiría otorgar beneficios jurídicos a delincuentes, incluso narcotraficantes, que colaboren con la justicia. Aunque la iniciativa aún no ha sido radicada en el Congreso, ya ha provocado reacciones encontradas en distintos sectores del país, especialmente entre líderes políticos y representantes del sector empresarial.
La propuesta contempla reducciones de penas de hasta el 70 %, siempre que los delincuentes entreguen bienes, armas o información de valor para el Estado, y se acojan a un proceso de diálogo. Este proyecto incluiría también la posibilidad de libertad condicional para criminales de alto perfil, con el objetivo —según el Gobierno— de avanzar hacia la pacificación de algunas regiones afectadas por la violencia.
Sin embargo, desde el Tolima ya se escuchan voces de rechazo. El presidente de la Asamblea Departamental, Giovanny Molina, expresó con firmeza su desacuerdo:
“Esto premia al bandido y castiga a la gente bien. Mientras la Fuerza Pública arriesga su vida, aquí se busca liberar a narcos y jefes criminales bajo el pretexto del diálogo. Es una burla para las víctimas y una amenaza para la justicia”.
Molina advirtió además que este tipo de proyectos socavan la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y representan un riesgo para la seguridad nacional.
El debate apenas comienza, pero ya deja claro que este será uno de los temas más controvertidos del segundo semestre legislativo en Colombia.
