A raíz del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el norte de la capital, juristas han planteado las rutas legales y beneficios económicos a los que podría acceder su familia.
El abogado Andrés Barrera señaló que la viuda y los hijos del congresista tendrían derecho a una pensión de sobrevivientes equivalente al 75 % de su salario mensual, cifra que ronda los $51,5 millones. Este beneficio, en el caso de la esposa, sería vitalicio; mientras que para los hijos se mantendría hasta que cumplan 25 años, siempre y cuando continúen estudiando.
La familia podría acceder a esta prestación a través del régimen especial de congresistas o de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), pero no por ambos sistemas de forma simultánea.
Adicionalmente, se estudia la posibilidad de reclamar una indemnización plena de perjuicios contra el Estado por presunta “falla en el deber de protección”. Según la defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría recibido hasta 53 solicitudes de seguridad que no se habrían atendido oportunamente.
El abogado y académico Francisco Bernate afirmó que, de comprobarse la omisión estatal, el Consejo de Estado podría condenar al país a compensar económicamente a la viuda, María Claudia Tarazona, y a sus hijos.
Este caso abre un debate sobre la responsabilidad del Estado en la seguridad de los funcionarios públicos y el alcance de las medidas de protección para cargos de alto riesgo.
