Colombia parece atrapada en un ciclo interminable de reformas que nacen con ambición y terminan en el limbo legislativo o en versiones descafeinadas que no resuelven los problemas de fondo. El país ha visto desfilar propuestas para reformar la salud, la educación, la justicia, las pensiones y el mercado laboral, pero pocas han logrado consolidarse. La pregunta es evidente: ¿por qué tantas iniciativas se quedan en el camino?
El diagnóstico es claro. Las reformas estructurales en Colombia no solo enfrentan la resistencia de los sectores afectados, sino que también se ven frenadas por la falta de consensos políticos y por la tendencia de los gobiernos a impulsar cambios con una visión de corto plazo. La polarización extrema convierte cada propuesta en una batalla campal en la que las discusiones se centran más en quién propone la reforma que en su contenido. Así, cualquier intento de cambio se reduce a un pulso de poder entre el gobierno de turno y la oposición.
Pero hay más razones detrás de este fenómeno. Los cambios de administración suelen enterrar las iniciativas previas, sin importar si eran necesarias o no. Cada gobierno quiere dejar su sello y, en lugar de construir sobre lo avanzado, prefiere empezar de cero. A esto se suman las presiones de gremios, sindicatos y empresarios, que defienden sus intereses con una fuerza que a menudo supera la capacidad de maniobra del Estado. Como resultado, las reformas terminan mutiladas o archivadas, y los problemas estructurales siguen ahí, sin solución.
Romper este ciclo requiere un cambio en la forma en que se conciben y tramitan las reformas. No se trata solo de voluntad política, sino de diseñar procesos que trasciendan el periodo de un solo gobierno. Colombia necesita acuerdos de Estado, no de gobierno: reformas que surjan de diálogos amplios y vinculantes, con la participación de todos los sectores, y que cuenten con mecanismos de seguimiento que garanticen su implementación efectiva.
En países como Chile y España, algunas reformas trascendentales han sido posibles gracias a pactos nacionales que involucran a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil. En Colombia, seguimos pendientes de alcanzar ese nivel de madurez política. La pregunta es si continuaremos atrapados en la trampa de las reformas inconclusas o si, finalmente, nos atreveremos a construir un camino de cambios reales y sostenibles.
