La Procuraduría General de la Nación endureció su ofensiva contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera (2020-2023), tras formularle pliego de cargos por presunta negligencia en la atención de los centros de detención transitoria de la ciudad.
Según la investigación, Hurtado habría omitido de manera sistemática incluir en los presupuestos de 2021, 2022 y 2023 los recursos necesarios para garantizar condiciones mínimas de dignidad a las personas privadas de la libertad en la URI (Unidad de Reacción Inmediata) y en la estación La Permanente Central.
El exmandatario está en la mira por no destinar partidas presupuestales para reparaciones de infraestructura, adecuaciones en áreas sensibles como enfermería y espacios de visitas conyugales, compra de kits de aseo, y atención de remisiones, entre otros gastos esenciales.
Para el órgano de control, esta omisión no es menor: se traduce en el desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales de una población que debe ser especialmente protegida por el Estado. Los alcaldes, según la ley, tienen el deber expreso de garantizar las condiciones mínimas en los centros de detención, lo que incluye prever los recursos necesarios.
La Procuraduría calificó la conducta del exalcalde como una falta gravísima cometida con culpa grave, lo que podría acarrearle duras sanciones disciplinarias si se comprueba su responsabilidad.
Con este pliego de cargos, Hurtado enfrenta una nueva mancha en su historial público, justo en momentos donde el manejo de los derechos humanos en las cárceles y estaciones de policía vuelve a ser un tema de alto voltaje nacional.
