La denominada Ley Anticapuchos superó su primer debate el pasado 4 de noviembre de 2026, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y continúa su trámite legislativo. La iniciativa busca establecer sanciones penales contra quienes utilicen capuchas, máscaras, pasamontañas u otros elementos para ocultar su identidad mientras cometen actos vandálicos durante manifestaciones públicas.
La aprobación del proyecto también provocó reacciones entre sus promotores y detractores. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca y miembro del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, celebró la decisión en sus redes sociales con el mensaje: «Aprobada en primer debate la Ley Anticapuchos. ¡Que viva Colombia!».
Por su parte, la representante a la Cámara por el Valle del Cauca y militante del Pacto Histórico, Ana Leidy Erazo Ruiz, cuestionó la iniciativa al considerar que podría abrir la puerta a la criminalización de la protesta social.
El proyecto contempla penas de entre 54 y 96 meses de prisión, es decir, de cuatro años y medio hasta ocho años, además de multas económicas que podrían oscilar entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La propuesta ha generado posiciones encontradas en el escenario político. Sus promotores defienden la necesidad de establecer herramientas para combatir los hechos de violencia y vandalismo durante las protestas, mientras que sus detractores advierten sobre posibles afectaciones al derecho constitucional a la manifestación pacífica.
Uno de los principales puntos de discusión es el alcance de las sanciones y las condiciones bajo las cuales se castigaría el ocultamiento de la identidad durante las movilizaciones.
Con la aprobación en primer debate, la iniciativa deberá continuar su recorrido por el Congreso y superar las siguientes discusiones legislativas antes de convertirse en ley.
