La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes de los extintos bloques Caribe y Magdalena Medio de las Farc-EP, por hechos cometidos durante el conflicto armado en diferentes regiones del país.
Entre los señalados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape, quienes hicieron parte del último Secretariado de las Farc. También figuran nueve antiguos comandantes regionales de estas estructuras guerrilleras.
De acuerdo con la investigación de la JEP, los antiguos integrantes de las Farc fueron identificados como máximos responsables de graves hechos que afectaron a la población civil, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, ataques contra civiles y violencia sexual.
La decisión también documenta hechos como el ataque con el denominado ‘burro bomba’ durante la toma guerrillera de Chalán, en Sucre, así como masacres y atentados con explosivos en municipios como Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla.
733 víctimas acreditadas en la investigación
Según la JEP, el proceso reconoce a 733 víctimas de los antiguos bloques Caribe y Magdalena Medio, entre ellas docentes, líderes sociales, representantes políticos, comunidades religiosas y miembros de la Fuerza Pública.
La investigación identificó prácticas de control territorial y social mediante amenazas, castigos violentos, homicidios y desplazamientos contra comunidades que se resistían a las órdenes de la antigua guerrilla.
Los hechos imputados son considerados crímenes no amnistiables debido a su gravedad, por lo que no pueden recibir perdón judicial.
¿Qué sigue en el proceso?
Los 11 antiguos comandantes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para pronunciarse por escrito sobre los hechos y reconocer o rechazar su responsabilidad.
Si reconocen su participación, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y la imposición de sanciones propias, con componentes restaurativos y reparadores.
En caso de rechazar los señalamientos, podrán ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para afrontar un eventual juicio.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano y en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas.
