Un juzgado especializado condenó a más de 11 años de prisión a varios directivos y exfuncionarios de empresas bananeras por su responsabilidad en el financiamiento de grupos paramilitares en la región de Urabá, entre los años 1996 y 2004.
La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que los condenados entregaron 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo la figura de pagos sistemáticos, que supuestamente estaban destinados a garantizar seguridad en las operaciones de las compañías. Sin embargo, dichos recursos fueron destinados al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales responsables de múltiples crímenes contra la población civil.
Los aportes, según la investigación, se realizaron a través de fundaciones fachada y canales encubiertos, con conocimiento pleno del destino de los fondos. Esta conducta fue calificada como financiamiento de organizaciones criminales, al haber contribuido directamente al sostenimiento logístico y territorial de los grupos armados ilegales.
“Esta sentencia representa un avance crucial en el reconocimiento de la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado. Es un mensaje claro contra la impunidad”, señaló un vocero de la Fiscalía.
Además de las condenas privativas de la libertad, los empresarios enfrentan inhabilidad para ejercer cargos públicos o administrativos y deberán pagar sanciones económicas.
Organizaciones sociales de la región consideran que este fallo marca un precedente clave para esclarecer los vínculos entre actores económicos y el conflicto armado, y para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de Urabá, una de las zonas más golpeadas por la violencia paramilitar
