Cuando un país no sabe cuánto vale su trabajo, algo se ha roto en la brújula del Estado. La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905 que sumado al auxilio de transporte de $249.095 completa $2.000.000 mensuales, un aumento del 23,7 %, no es solo un debate jurídico: es un campanazo de incertidumbre que golpea a millones de trabajadores y a miles de empresarios que ya habían hecho sus cuentas, ajustado sus presupuestos y proyectado su año con base en esa cifra.
La Sección Segunda del alto tribunal, tras admitir 17 demandas contra el decreto, ordenó expedir en ocho días un nuevo acto administrativo con una fundamentación económica detallada y verificable. Es decir, lo que debió hacerse desde el principio: sustentar técnicamente el porcentaje, explicar la ponderación de variables como inflación, productividad y crecimiento, y respaldar cada dato con certificaciones oficiales. Lo mínimo en un Estado serio.
Aquí está el problema de fondo: la chambonada. Un gobierno que improvisa, que anuncia con bombos y platillos un incremento histórico, pero que no blinda jurídicamente su decisión ni presenta una estructura técnica robusta, termina sembrando zozobra. Hoy, más de 2,5 millones de trabajadores que devengan salario mínimo y otros millones atados a esa referencia, no saben a qué atenerse. Y miles de pequeñas y medianas empresas, que ya incorporaron el 23,7 % en nóminas, prestaciones, seguridad social y costos operativos, enfrentan un limbo administrativo.
Es cierto que la suspensión solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio y que no afecta derechos ya causados o pagados. Pero el daño está hecho: la confianza, que es el verdadero motor de la economía, vuelve a resentirse. En un país donde el desempleo bordea el 9 % y la informalidad supera el 55 %, jugar con señales contradictorias es una irresponsabilidad.
En medio de este panorama, nuestra candidata presidencial, Paloma Valencia, ha asumido una posición clara y valiente: mantener el aumento del 23,7 % pese a la suspensión. Ha pedido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que sostendrán el incremento, “sin importar el resultado en el Consejo de Estado”, y que no haya despidos. Su llamado no es demagogia; es un mensaje político de estabilidad: cuando lleguemos a la Presidencia, bajaremos impuestos a los empresarios para aliviar la carga y proteger el empleo formal.
Porque el dilema no puede ser trabajador versus empresario. Un aumento salarial del 23,7 % sin entorno tributario favorable asfixia a quien produce; pero sin salario digno, se asfixia el consumo y la cohesión social. Lo que se necesita es coherencia macroeconómica, reglas claras y un gobierno técnico que no convierta cada decisión en una batalla jurídica.
Colombia no puede seguir viviendo de decretos mal sustentados y rectificaciones apuradas. El salario mínimo no es un titular de prensa ni una bandera ideológica: es el pan de cada día de millones de familias y la columna vertebral de la estructura de costos de miles de empresas. Gobernar no es improvisar; gobernar es prever, sustentar y dar certeza. Y hoy, una vez más, la improvisación oficial nos deja en el limbo.
