La prórroga por diez años más de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial no es un anuncio menor: es, sin duda, una bocanada de esperanza para las regiones que históricamente han cargado con el peso del conflicto armado. Hay que decirlo sin rodeos: esta decisión del Congreso merece reconocimiento, especialmente para quienes impulsaron la iniciativa entendiendo que la paz territorial no puede ser un esfuerzo a medias ni con plazos cortos.
Paradójicamente, esta buena noticia llega mientras el Gobierno rendía cuentas sobre la inversión de la llamada Paz Total. Aunque se habla de 107 billones de pesos ejecutados, lo cierto es que los objetivos centrales aún no se han materializado. La realidad es tozuda: los territorios siguen sin sentir una paz verdadera. Desde la firma del Acuerdo, y particularmente en los últimos dos años, la inseguridad se ha convertido en un fantasma que recorre al país entero, dejando en evidencia que la promesa de tranquilidad sigue sin cumplirse.
En ese contexto, la extensión de los PDET cobra especial sentido. Estos programas han permitido que los municipios priorizados den pasos, a veces lentos pero significativos, hacia la transformación social y económica. Si bien los resultados no han sido los que muchos esperaban desde el inicio de su implementación, también es cierto que sin esta inversión los territorios estarían prácticamente a la deriva. Que no se nos olvide: si estos municipios hoy pueden mostrar vías terciarias mejoradas, infraestructura educativa digna, escenarios deportivos renovados y apuestas productivas, es gracias a los recursos PDET, no a la inversión propia de sus administraciones, que sigue siendo mínima para la magnitud de las necesidades.
Aquí es donde entran quienes vayan a ser los nuevos alcaldes. Su tarea no es menor. No pueden darse el lujo de esperar pasivamente a que el Gobierno nacional o departamental los busque. Deben tener la capacidad y la voluntad de gestionar, proponer y presentar proyectos ante las bolsas financieras de los PDET. La transformación territorial no llegará sola: requiere liderazgo, conocimiento técnico y, sobre todo, ambición de cambiarle la vida a sus comunidades.
Hay, sin embargo, un punto que no puede quedarse por fuera. El Gobierno ha sido excesivamente permisivo con algunas entidades ejecutoras. Se anuncian inversiones millonarias, cheques gigantes, cifras que suenan a revolución social… pero las obras no siempre reflejan el dinero invertido. Esa brecha entre lo que se promete y lo que se entrega sigue siendo una herida abierta en la gestión pública.
Pese a ello, hay que reconocer el logro legislativo. La extensión de los PDET no es solo una decisión administrativa: es un mensaje político claro. Y en esa línea, es justo destacar el papel del representante de la curul de paz, quien asumió la bandera y dio la pelea para que esta prórroga fuera una realidad. Porque, al final, la inversión debe y tiene la obligación moral de transformar para siempre los territorios que la guerra dejó marcados.
