La minería ilegal en el sur del Tolima dejó de ser un problema aislado y se convirtió en un negocio multimillonario que tiene en jaque la seguridad de la región. Ante este panorama, la gobernadora Adriana Magali Matiz anunció un paquete de medidas drásticas que incluyen la prohibición total del tránsito de maquinaria pesada, controles estrictos a la gasolina y vigilancia a las compra-ventas de oro, en un intento por asfixiar las finanzas de estas redes ilegales.
Según la mandataria, en municipios como Ataco y Chaparral operan actualmente más de 300 retroexcavadoras utilizadas para la extracción ilícita, lo que ha obligado a cerrar el paso a tractomulas y vehículos de más de 25 toneladas en corredores estratégicos que conectan con Coyaima y Planadas. Las autoridades buscan frenar no solo el transporte de maquinaria, sino también el flujo de combustible que mantiene en funcionamiento estas operaciones ilegales.
Pero el impacto va más allá de lo económico. Las cifras de violencia reflejan una escalada preocupante: solo en Ataco, los homicidios pasaron de 6 en 2024 a 12 en 2025, y en lo corrido de 2026 ya suman 10 casos. La llegada de al menos 5.000 personas de otras regiones, atraídas por el negocio del oro ilegal, ha disparado los problemas sociales y de seguridad en la zona.
En medio de este panorama, la gobernadora lanzó una advertencia directa a la Fuerza Pública: pidió activar mecanismos de contrainteligencia y ordenó la rotación permanente de uniformados para evitar posibles hechos de corrupción dentro de las instituciones. La estrategia, articulada con entidades nacionales, busca frenar un fenómeno que ya desbordó la capacidad local y que amenaza con seguir expandiéndose si no se toman medidas contundentes.
