La seguridad comienza a convertirse en uno de los grandes termómetros del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Durante esta semana el Presidente volvió a enviar un mensaje inequívoco: frente a las organizaciones criminales, su administración quiere proyectar autoridad. El episodio más reciente ocurrió con alias ‘Pinocho’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien manifestó disposición a someterse a la justicia bajo determinadas garantías.
La respuesta presidencial fue contundente: “Aquí no hay negociaciones”. El Gobierno dio una semana para coordinar su sometimiento.
La frase es políticamente poderosa. Pero gobernar la seguridad de Colombia requiere bastante más que frases poderosas.
El acierto: recuperar el principio de autoridad.
Hay una razón por la cual este discurso puede encontrar respaldo ciudadano. Colombia continúa enfrentando estructuras armadas, narcotráfico y territorios donde la capacidad del Estado es limitada.
Esta misma semana el Gobierno realizó un consejo de seguridad en Ocaña para adoptar nuevas medidas frente a la situación del Catatumbo, mientras autoridades acordaron reconstruir la subestación de Policía de Guamalito, prácticamente destruida después de varios hostigamientos durante septiembre.
En ese escenario, establecer que quien está por fuera de la ley debe someterse a las instituciones —y no colocar al Estado en igualdad de condiciones con una organización criminal— tiene una lógica política y jurídica defendible.
El riesgo: confundir firmeza con resultados
Pero aquí aparece la otra cara.
Una política de seguridad no puede medirse por la contundencia de una declaración presidencial, sino por resultados: reducción de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, control territorial y economías ilícitas.
El desafío para De la Espriella será demostrar que su política produce esos resultados.
Porque existe una diferencia enorme entre parecer fuerte y construir un Estado fuerte.
Un Estado fuerte necesita inteligencia, Fuerza Pública profesional, Fiscalía y justicia capaces de judicializar, inversión social y presencia institucional permanente en los territorios.
Sin esos componentes, la denominada mano dura puede terminar siendo solamente comunicación política.
El Congreso será otra prueba.
El Gobierno tiene además un desafío que quizá resulte menos visible, pero igual de importante: convertir sus propuestas en leyes.
Un análisis publicado esta semana señala que De la Espriella cuenta actualmente con mayorías tanto en Senado como en Cámara, aunque existen diferencias internas entre los partidos que respaldan su agenda.
Ese escenario plantea una paradoja.
Tener mayorías facilita gobernar, pero también obliga a explicar qué acuerdos políticos se están haciendo para conservarlas.
Y allí aparecerá uno de los exámenes más interesantes de esta administración: determinar hasta dónde puede impulsar una ruptura con la política tradicional mientras necesita precisamente del Congreso tradicional para ejecutar su programa.
Ni aplausos automáticos ni oposición automática
El país cometería un error si la discusión sobre seguridad terminara reducida nuevamente a dos bandos: quienes celebran cualquier decisión presidencial y quienes rechazan cualquier decisión simplemente porque proviene del Gobierno.
Una democracia necesita algo diferente.
Debe preguntarse si las decisiones funcionan.
Si la estrategia de De la Espriella consigue recuperar territorios, disminuir los delitos y fortalecer la justicia, habrá que reconocerlo independientemente de las preferencias políticas.
Pero si después de los anuncios las cifras no mejoran, también habrá que señalarlo.
Porque finalmente la seguridad no se mide por el volumen del discurso presidencial, sino por la tranquilidad con la que un colombiano puede caminar por su barrio, trabajar en el campo o abrir su negocio sin miedo.
Ese será el verdadero examen. Y apenas está comenzando.
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