Desde lo más profundo de la selva hasta los pasillos del poder en Bogotá, un fantasma recorre Colombia: la posibilidad real de que los más sanguinarios grupos armados al margen de la ley se unan en una sola alianza criminal. En un reciente video difundido por redes, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, hizo un llamado explícito al ELN, a la Segunda Marquetalia y otras estructuras armadas para formar un “bloque insurgente” contra lo que llamó la “agresión imperialista” de Estados Unidos.
Este hecho, lejos de ser un episodio aislado, es la radiografía de un fracaso de política pública: la tan cacareada Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Una política que prometía acabar con el conflicto armado mediante ceses al fuego temporales y procesos de diálogo, pero que, en los hechos, brindó oxígeno político y logístico a estructuras criminales que deberían haber sido desarticuladas. Hoy, esas mismas organizaciones están en condiciones de evaluar un monopolio de la violencia y del narcotráfico en Colombia.
En su invitación, Mordisco no emplea un lenguaje ideológico tradicional. No habla de justicia social ni de cambio estructural; su discurso es un manifiesto empresarial del crimen, orientado a consolidar fuerzas para defender territorios, rutas de narcotráfico y negocios ilegales frente a los embates militares externos y la acción estatal. Este llamado no es mera retórica: es una propuesta de fusión estratégica para optimizar sus ganancias ilícitas.
Mientras esto ocurre, las cifras hablan por sí solas. Según informes de inteligencia militar, los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron a cerca de 22.000 hombres en armas en 2025, expandiéndose a más de 560 municipios en 29 departamentos. El ELN por sí solo cuenta con más de 6.200 combatientes y colaboradores, y la Segunda Marquetalia supera los 1.500 hombres en armas. Estos números reflejan el crecimiento exponencial de fuerzas que operan fuera del control del Estado.
Y es que este Frankenstein de la Paz Total no se ha limitado a crecer en número: ha reforzado su presencia en corredores estratégicos del narcotráfico y de la minería ilegal en regiones como Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca, zonas que hoy sufren violencia, extorsión, y la ausencia de Estado. En lugar de fomentar desarme y reconciliación, la política oficial ha permitido que estos grupos recluten menores, expandan sus estructuras y se enfrenten entre sí y contra el Estado con mayor letalidad.
La naturaleza de la propuesta de Mordisco es cínica: “dejemos de matarnos nosotros mismos para matar mejor a los policías y soldados”. Una alianza que, de concretarse, representaría el mayor desafío a la seguridad nacional en dos décadas y pondría en riesgo hasta las elecciones de 2026, al desestabilizar regiones completas y sembrar terror.
Este llamado a la unión criminal es más que un desafío militar: es una vergüenza política. La estrategia de diálogo fragmentado y tolerancia militar ha resultado en un fortalecimiento de los grupos armados, y Mordisco hoy lo capitaliza. Colombia no puede permitir que la ingenuidad política se transforme en hegemonía criminal. Ha llegado la hora de retomar la soberanía con firmeza, cohesión institucional y acciones contundentes que desarticulen estas amenazas antes de que el país entero sea rehén de un monstruo narcocriminal sin ideología, solo con fusil y cocaína como bandera.
