
En medio de un escándalo que amenaza con empañar la imagen del gobierno, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, presentó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación que señala presuntos intereses indebidos en la hidroeléctrica Urrá, vinculando a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama, Verónica Alcocer.
El documento, de origen anónimo pero compulsado por Bonilla, describe un supuesto plan en el que ambos implicados buscarían tomar control de la empresa a través de presiones a su junta directiva. “La intervención es promovida por Ricardo Roa, quien aspira a dominar las empresas rentables del sector energético, y Nicolás Alcocer Petro, quien utiliza su influencia para beneficiar a su círculo cercano”, descripción realizada a través de la denuncia.
Las acusaciones no se detienen ahí. Según el texto, fotografías clave muestran al hijo del presidente compartiendo con figuras cercanas al sector energético en viajes internacionales, supuestamente a bordo de un yate. Entre los mencionados destaca David Cerón, principal accionista de Luxim, quien, de acuerdo con la denuncia, habría realizado amenazas hacia directivos de Urrá amparado en su conexión con Alcocer Petro.
Además, imágenes sitúan a Nicolás Alcocer y Ricardo Roa en eventos como la inauguración del Ecoparque Solar de la Refinería de Cartagena, junto a representantes de Power China, alimentando sospechas sobre una red de intereses cruzados en el sector energético.
¿Venganza política o destape de corrupción?
El caso cobra especial relevancia por el contexto en el que se hizo pública la denuncia. Bonilla presentó la acusación poco antes de abandonar el Ministerio de Hacienda, en medio de cuestionamientos a su propia gestión. Este detalle ha suscitado dudas sobre si se trata de una represalia o una acción legítima para destapar posibles irregularidades.
Con la Fiscalía ahora a cargo de la investigación, el escándalo amenaza con escalar, involucrando no solo a actores clave de la administración, sino también al núcleo familiar del presidente. La ciudadanía espera respuestas en un caso que podría tener profundas repercusiones políticas y judiciales