Una decisión judicial generó revuelo en el ámbito académico del Tolima, luego de que un juzgado de Ibagué declarara en desacato a los máximos directivos de la Universidad del Tolima por no responder oportunamente un derecho de petición elevado por el profesional Alexander Espinosa Triana.
El fallo recordó que, tras la tutela presentada el 7 de octubre de 2025, la institución tenía un plazo de 48 horas para entregar una respuesta de fondo. Sin embargo, el término venció sin que la universidad cumpliera lo ordenado ni aportara explicaciones válidas que justificaran la demora. Para el despacho judicial, esta omisión constituyó una falta grave y evidenció una conducta pasiva frente al cumplimiento de la orden constitucional.
Como consecuencia, el juzgado abrió incidente de desacato e impuso sanciones directas al rector Omar Albeiro Mejía Patiño y al vicerrector administrativo y financiero, Mario Ricardo López Ramírez. Ambos recibieron una multa equivalente a un día de salario mínimo legal mensual vigente y un arresto de tres días, que deberán cumplir en su lugar de residencia. El fallo advirtió además que, en caso de incumplimiento, podrían iniciarse procesos de cobro coactivo.
La decisión, firmada por la jueza Aura Rocío Oyola Moreno, ordenó remitir copias al despacho penal correspondiente para las consultas y acciones administrativas que haya lugar, así como la publicación de un extracto en un medio local.
La situación generó inquietud entre estudiantes, docentes y egresados, quienes manifestaron sorpresa ante la falta de respuesta formal por parte de la institución. Sectores políticos y sociales también pidieron mayor transparencia y celeridad en los trámites administrativos.
El proceso continúa en curso mientras la Universidad del Tolima define las medidas para subsanar el incumplimiento y evitar nuevas sanciones.
