La denuncia fue presentada por sus familiares, quienes aseguraron que fue apuñalado, rociado con combustible y prendido fuego en el rostro, provocando graves afectaciones en sus vías respiratorias. Actualmente está intubado y en pronóstico reservado en un centro de salud de la ciudad.
Los allegados revelaron que se enteraron del hecho recién el miércoles por la tarde a través de un tercero, ya que el INPEC no les había informado sobre el estado de salud del paciente ni permitido el ingreso de visitantes durante los dos primeros días. “No nos llaman, no nos dicen nada. Hace dos días no dejaron ver absolutamente a nadie. Está entre la vida y la muerte y nadie responde”, expresó uno de los familiares, que solicitó mantener su identidad reservada.
La familia, especialmente la madre del interno —una mujer de edad avanzada que también cuida otro hijo con síndrome de Down—, exige respuestas claras y transparencia en la investigación. Advierten posibles fallas en la seguridad del penal, adonde no descartan complicidad de funcionarios. “Se supone que es una cárcel de máxima seguridad, pero parece que ellos mismos permiten que estas cosas pasen”, manifestaron.
Hasta el momento, ni el INPEC ni otras autoridades penitenciarias han emitido pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. El caso también ha encendido las alarmas entre organismos de derechos humanos, que exigen investigaiones rigurosas para identificar a los responsables y garantizar la protección de la población privada de la libertad.
