Antes de adentrarnos en el desarrollo de nuestra opinión semanal, es necesario hacer una reflexión: la política en Colombia no puede seguir siendo el principal escenario para la construcción de la violencia. Quienes creemos en ella, ya sea desde la academia o desde la participación electoral, debemos entenderla como una herramienta cuyo propósito central es transformar la vida de las personas más necesitadas.
La ciudadanía consiste, fundamentalmente, en la forma de pertenencia de los individuos a una comunidad política. Es decir, es el vínculo entre el ciudadano y el Estado, en el cual este último, a través de políticas públicas y mecanismos de intervención, debe garantizar la igualdad y la universalidad de derechos. En este contexto, ya han pasado casi nueve años desde la implementación en Colombia de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una política que busca intervenir los territorios más golpeados por la violencia, la pobreza y el abandono estatal. Su objetivo principal es ambicioso pero fundamental: construir una ciudadanía real en 170 municipios priorizados.
Aunque la violencia en Colombia no fue excluyente y afectó a todo el país, dejando más de cinco millones de desplazados y alrededor de 300.000 personas asesinadas, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, el Tolima fue un actor relevante dentro del conflicto armado, especialmente en su zona sur. Por ello, municipios como Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco fueron seleccionados como parte de las zonas PDET.
En estos municipios, el Estado ha invertido hasta hoy más de 632 mil millones de pesos a través de los PDET. Este presupuesto ha buscado garantizar el goce efectivo de los derechos civiles y sociales de sus habitantes. Es una cifra considerable que, en teoría, debería haber contribuido a cerrar brechas históricas de desigualdad. Cuando se habla de un municipio PDET, automáticamente se asocia con inversión social, y en efecto, estos territorios cuentan con ventajas comparativas frente a otros 44 municipios del departamento que no hacen parte de esta categoría. Tienen mayor prioridad en la asignación de recursos, lo que permite a los mandatarios gestionar proyectos estratégicos y desarrollar capacidades institucionales orientadas a la justicia territorial y la transformación de sus realidades.
Para el año 2025, esta zona contará con una inversión adicional de 352 mil millones de pesos, destinados a financiar proyectos clave en infraestructura y calidad de vida de la población. Estos recursos están divididos en tres convocatorias. La primera de ellas cerró el pasado 5 de mayo, en la cual la bolsa de los OCAD Paz y la Agencia de Renovación del Territorio dispusieron 158 mil millones de pesos para que los municipios presentaran sus iniciativas. Se espera que los resultados sean positivos y que los alcaldes, junto a sus equipos de trabajo, hayan cumplido con los criterios establecidos por las entidades responsables de seleccionar las mejores propuestas para ser financiadas.
Sin embargo, uno de los problemas más visibles en los territorios PDET, y que ha limitado la efectividad de la inversión y el cumplimiento del objetivo de construir ciudadanía, es la baja capacidad de gestión de muchas administraciones municipales. Algunas no cuentan con personal técnico idóneo ni con equipos suficientes para formular y estructurar adecuadamente los proyectos. Esto ha hecho que, en lugar de materializarse en transformaciones reales, buena parte de los recursos no logren concretarse en inversiones efectivas y sostenibles. La falta de preparación institucional es, sin duda, un factor estructural que debe ser atendido con urgencia si se quiere avanzar hacia una verdadera inclusión y desarrollo territorial.
La pregunta sigue abierta: ¿esa inversión realmente ha contribuido a la construcción de ciudadanía? ¿Ha permitido el empoderamiento social y político de las comunidades? ¿Se ha traducido en una participación más activa y consciente de sus derechos por parte de la población?
Los resultados aún son debatibles. Lo cierto es que, sin una vigilancia efectiva, sin una participación ciudadana fortalecida, sin un compromiso sostenido del Estado y sin administraciones locales fortalecidas, el riesgo es que estos esfuerzos se diluyan en el tiempo y que la inversión, aunque cuantiosa, no logre el impacto profundo y estructural que estos territorios necesitan.
