Una nueva polémica sacude al Gobierno nacional. Esta vez, el protagonista es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue grabado profiriendo fuertes insultos contra la gerente del ESE Departamental del Meta, María del Carmen Rodríguez, en medio de una visita institucional a Puerto Gaitán.
En un video ampliamente difundido a través de redes sociales, se escucha al alto funcionario lanzar un comentario que ha sido calificado como ofensivo y denigrante. “Ojalá y se enfermara usted aquí y no tuviera familia, hijueputa, y la mandaran para Villavicencio o Bogotá para que tenga detrás a su familia bregando con usted a ver qué”, expresó el ministro en tono airado.
La reacción no se hizo esperar. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, se pronunció públicamente contra el comportamiento del ministro. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), rechazó lo que calificó como un acto de irrespeto y violencia verbal hacia una mujer funcionaria del departamento. “No ministro, usted no viene aquí a insultar mujeres y a agredirlas, no se lo vamos a permitir”, escribió la mandataria en un mensaje que rápidamente se viralizó.
Cortés Zambrano aseguró que las palabras del ministro no solo constituyen un acto de agresión verbal, sino que representan un trato indigno hacia una servidora pública que ha venido ejerciendo sus funciones en el territorio. Además, lamentó que un miembro del alto Gobierno recurra a expresiones cargadas de violencia en un contexto institucional.
El hecho se da en medio de un ambiente tenso para el Gobierno nacional, donde distintos actores políticos y sociales han criticado lo que consideran un aumento en los discursos agresivos por parte de algunos de sus integrantes. La palabra “HP”, que recientemente ha sonado en boca de otros funcionarios públicos, parece haber tomado un lugar lamentablemente protagónico en el discurso oficial.
Hasta el momento, el ministro Guillermo Jaramillo no ha ofrecido disculpas públicas ni ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, organizaciones sociales y colectivos de mujeres ya han comenzado a exigir acciones concretas frente a lo que califican como un acto de violencia de género en el marco del ejercicio institucional.
El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del lenguaje en la función pública y el respeto hacia las mujeres que ocupan cargos de dirección en las regiones del país.
