El departamento del Tolima, representado por la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas, interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima contra la Supersalud con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones que prorrogaban la intervención forzosa del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del municipio de El Líbano.
La acción judicial apunta contra dos actos administrativos: uno del 25 de octubre de 2024, por el cual se extendió la intervención del centro asistencial por un año; y otro del 12 de marzo de 2025 que ratificó dicha prolongación.
Según la demanda, la Supersalud vulneró el debido proceso al declarar como “extemporáneo” el recurso de reposición presentado por el departamento el 15 de noviembre de 2024, argumentando que el término debía contarse desde la notificación a la agente interventora y no desde la comunicación al ente territorial.
En su exposición, la Gobernación sostiene que los propios informes de supervisión de la Supersalud evidenciaban que el hospital había ya corregido las deficiencias financieras, administrativas y técnicas que habían motivado la intervención inicial, lo que hace injustificada la prórroga del mecanismo de control.
Por su parte, la Supersalud ordenó la intervención del hospital en octubre de 2023 con base en 31 hallazgos que comprometían su funcionamiento, tales como demoras en atención, inconsistencias en la contratación y deficiencias en la infraestructura y seguridad del paciente.
Con esta demanda, el gobierno departamental busca no sólo poner término al régimen de intervención, sino también recuperar mayor autonomía en la gestión del hospital que sirve a la microrregión del Líbano, y garantizar una prestación de servicios de salud más ágil y eficiente para sus habitantes.
El proceso ahora pasa al tribunal administrativo para su estudio y eventual decisión sobre la nulidad de las resoluciones impugnadas. La atención ciudadana y la gestión del hospital estarán bajo vigilancia tanto del ente territorial como de los usuarios.
