El acceso a la información es una de las claves fundamentales para la democracia y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La frase “quien tiene información, tiene poder” resuena con fuerza en los contextos donde se limita el acceso a datos esenciales para la toma de decisiones y el bienestar colectivo. En espacios donde se oculta deliberadamente el conocimiento sobre acuerdos, consensos o propuestas diseñadas para resolver problemáticas sociales, se ejerce una forma de control que, lejos de ser transparente y justa, genera desigualdades profundas. Este fenómeno, que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina violencia simbólica, está presente en los mecanismos de exclusión informativa que perjudican a quienes no cuentan con los recursos o las oportunidades para acceder a lo que se decide en las esferas de poder.
Un claro ejemplo de esta violencia simbólica se encuentra en la situación que describo a continuación, vivida en un contexto local en 2022. Ese año, el alcalde de la ciudad, en cumplimiento de sus promesas, entregó una serie de herramientas a los consejeros de juventud. Estas incluían pasajes de bus, acceso a formación en educación superior y la entrega de dispositivos digitales en calidad de comodato, entre otros. Sin embargo, el documento con las medidas nunca fue socializado con el subsistema de participación juvenil. A pesar de la importancia de estos recursos, los jóvenes nunca tuvieron conocimiento de su existencia y, por ende, no pudieron hacer uso de ellos. Este hecho nos llevó a descubrir, en el año 2025, que se nos había condenado al olvido, negándonos herramientas que habrían permitido un trabajo más impactante y eficaz.
El acceso a la información —o su ausencia— tiene implicaciones profundas en la capacidad de los individuos para actuar, influir en su entorno y acceder a los beneficios que, en teoría, están destinados a todos. La persona encargada de informarnos sobre la existencia de este documento no solo ocultó la información de manera intencionada, sino que también actuó con un cinismo palpable al sugerir a la mesa directiva realizar una acción de cumplimiento para exigir lo que se nos debía, cuando él mismo ya había utilizado las herramientas a su favor.
Este acto no es solo una falta de ética, sino que refleja la dimensión simbólica del poder que Bourdieu describe como un dominio ejercido no mediante la fuerza, sino mediante la invisibilización de ciertas realidades. Para Bourdieu, la violencia simbólica no se refiere únicamente a la opresión a través de palabras o gestos, sino también a aquellos actos que, de manera más sutil, mantienen a los individuos en la ignorancia sobre los elementos que les permitirían mejorar su situación. En este caso, ocultar el acceso a los recursos no fue solo una omisión, sino una forma de excluirnos de los beneficios que eran parte de un acuerdo diseñado para mejorar nuestras condiciones.
Este tipo de situaciones nos lleva a reflexionar sobre cómo se manejan los recursos en nuestras comunidades y cómo, muchas veces, el acceso a la información se convierte en un privilegio del que no todos pueden disfrutar. Aquellos que controlan la información no solo mantienen su posición de poder, sino que perpetúan un sistema de exclusión. Mientras unos pocos acceden a lo que les corresponde, otros quedan en la penumbra, condenados a desconocer sus derechos y oportunidades. La violencia simbólica, entonces, es un mecanismo invisible pero efectivo de control social.
El caso mencionado pone de manifiesto que no basta con ofrecer recursos o hacer promesas. Es fundamental que exista un proceso transparente de socialización de la información y de empoderamiento de los individuos para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Si no se garantizan estos aspectos, el sistema democrático pierde su esencia, pues lo que se promueve no es la participación igualitaria, sino una simulación de acceso que solo beneficia a quienes tienen el poder de aprovechar la información.
La violencia simbólica, por lo tanto, no solo se manifiesta en el discurso o en la apariencia, sino también en acciones concretas que impiden que los individuos accedan a los conocimientos necesarios para construir una realidad que refleje sus intereses y necesidades. La información es un poder que no puede ser restringido ni ocultado para el beneficio de unos pocos. Solo cuando todos los actores sociales tengan el mismo acceso al conocimiento y las mismas posibilidades de actuar, podremos hablar de una sociedad verdaderamente democrática.
