Colombia vive hoy una de las etapas más difíciles de su vida democrática: la polarización política ha alcanzado niveles alarmantes y, en vez de fortalecerse el debate público, se ha degradado hasta convertirse en un escenario de insultos, odios y descalificaciones personales. Lo más grave es que esta confrontación no se da solo en las plazas públicas ni en los medios tradicionales, sino en las redes sociales, espacios que deberían servir para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la democracia, pero que terminan siendo un campo de batalla cargado de violencia simbólica.
Hoy el poder no se mide por la capacidad de gobernar, por los proyectos que transforman los territorios o por las decisiones que benefician a las comunidades. El poder, lamentablemente, se mide por la agresividad con la que se escribe un trino, por el insulto más viral o por la capacidad de anular al adversario con un meme o una frase despectiva. La política se reduce a una competencia de quién odia más y quién desprecia mejor al contrario.
La política, sin duda, es pasión. Pero esa pasión debe canalizarse hacia el servicio público, la construcción de consensos y el desarrollo colectivo. No puede convertirse en un combustible que alimenta la rabia ni en una excusa para pisotear a quien piensa distinto. El adversario político no es un enemigo a destruir, sino un contradictor con quien se debe dialogar, confrontar argumentos y construir alternativas. Sin embargo, lo que hoy vemos es una instrumentalización permanente de las redes sociales para ridiculizar, desprestigiar o “bajar del pedestal” al otro, generando dinámicas de interacción social profundamente negativas.
El problema se agrava cuando son las máximas figuras del país —gobernadores, congresistas, expresidentes e incluso el mismo presidente— quienes recurren al insulto y a la descalificación como estrategia comunicativa. Sus palabras, lejos de elevar el nivel del debate, degradan la esfera pública, incitan a la violencia, legitiman la discriminación y alimentan la deshumanización. Y lo más preocupante es que quienes los leen, muchos ciudadanos comunes, terminan replicando esas actitudes y se sienten autorizados para insultar, minimizar o atacar al que piensa distinto. Se crea así una espiral de odio que erosiona los cimientos mismos de la democracia.
Como ciudadano, no puedo ser indiferente. Hago un llamado urgente a recuperar la dignidad de la palabra y el valor del respeto. Necesitamos una cultura política basada en la tolerancia, la diferencia y el reconocimiento del otro. La crítica y el debate son necesarios, pero deben enmarcarse en la ética y la responsabilidad. Un país que normaliza el odio como forma de hacer política está condenado a la confrontación permanente y, en el peor de los escenarios, a la violencia física.
El segundo llamado va dirigido a quienes administran y regulan las redes sociales. Es necesario un mayor control frente a los discursos de odio y las expresiones peyorativas que circulan en estos espacios. No se trata de censurar la opinión ni de restringir la libertad de expresión, sino de evitar que las plataformas digitales se conviertan en armas para destruir, señalar o deshumanizar. Así como existen filtros para contenidos falsos o inapropiados, debería existir un mecanismo claro y eficaz que frene la propagación del odio.
Colombia necesita una democracia verdadera, donde la disputa política se dé con argumentos y no con insultos, donde la pluralidad sea celebrada y no atacada, y donde el poder se entienda como un instrumento para servir y no para dividir. El país no puede seguir normalizando la degradación del lenguaje, porque cada palabra cargada de odio abre la puerta a la violencia, la segregación y el debilitamiento del tejido social.
La invitación es clara: que los políticos desarmen su corazón, que la ciudadanía recupere el respeto en la diferencia y que las redes sociales asuman su responsabilidad ética. Solo así podremos transformar la cultura de la confrontación en una cultura de paz
