De nuevo el Gobierno Petro le da la espalda al Tolima. Esta vez, con un recorte brutal de 100 mil millones de pesos al presupuesto nacional asignado al departamento para 2026. Un golpe seco, revanchista y calculado, que castiga no a una gobernadora opositora como parece ser la intención de la Casa de Nariño, sino a más de un millón y medio de tolimenses que verán frenadas obras, programas sociales y proyectos de desarrollo. Es la política convertida en venganza, y la venganza disfrazada de planeación fiscal.
El presupuesto del Tolima pasará de 1,8 billones a 1,7 billones de pesos, lo que equivale a una reducción del 25% del total de la disminución nacional en inversión departamental. En otras palabras, el Tolima es uno de los más castigados del país. Mientras tanto, el Gobierno decidió aumentar en 280 mil millones los recursos del DAPRE, el despacho presidencial. Es decir, mientras los campesinos del sur del Tolima pierden vías, proyectos productivos y esperanza, el Palacio de Nariño se engorda con burocracia, contratos y clientelismo. ¿El cambio? Sí, el cambio de prioridades: del pueblo a la politiquería.
No es la primera vez que Petro castiga al Tolima. En 2025 ya lo hizo con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), dejándolo desfinanciado y poniendo en riesgo la alimentación de miles de niños. También nos recortó 122 mil millones de pesos en regalías, afectando obras estratégicas y proyectos de impacto regional. Todo parece responder a una lógica perversa: quien no se arrodilla ante el gobierno, paga las consecuencias.
Los municipios del sur, como Chaparral, Planadas y Rioblanco, serán los más golpeados por la reducción de la inversión rural. Allí, donde se siembra el café, el plátano y la esperanza, se frenarán proyectos agrícolas, vías terciarias y programas productivos. En el oriente, Melgar, Carmen de Apicalá y Purificación verán recortados los recursos para vivienda, electrificación y desarrollo social. En pocas palabras, el Gobierno no solo asfixia a la Gobernación, sino a las comunidades más vulnerables del departamento.
El argumento oficial es que el país atraviesa una situación fiscal difícil, y por eso se recortaron 10 billones de pesos a nivel nacional. Pero la realidad es otra: el tijeretazo cayó sobre la inversión, no sobre la burocracia. No se reducen los gastos del Ejecutivo, ni los contratos de los amigos del poder. Se recorta la inversión que genera empleo, que construye futuro, que da prosperidad.
Después de tres años y dos meses de gobierno, Petro sigue culpando al pasado para justificar su falta de resultados. Pero los hechos son tercos: el “Gobierno del cambio” cambió la esperanza por el resentimiento, la descentralización por la persecución, y la equidad por el castigo político.
Este recorte no es una simple decisión presupuestal; es un mensaje político con destinatario claro. El Gobierno Petro castiga al Tolima por tener una gobernadora valiente, por no rendirse ante la imposición, por representar la voz de una región que no se arrodilla. Pero el error del poder central es creer que con dinero se compra el silencio o se doblega la dignidad. El Tolima ha resistido guerras,y desastres; resistirá también este castigo. Porque ningún recorte podrá apagar la voz de un pueblo que no se deja intimidar. Podrán recortar los recursos, pero jamás la dignidad de los tolimenses.
