Ibagué está entre las ciudades escogidas para recibir a algunos de los internos reubicados por el Inpec. La decisión hace parte de las primeras medidas del nuevo Gobierno Nacional para reforzar el control dentro de los establecimientos penitenciarios.
El presidente Abelardo De la Espriella comenzó su mandato con una decisión de alto impacto en materia de seguridad penitenciaria: el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil y vinculadas a diferentes procesos y negociaciones de paz en Colombia.
La operación fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y distribuyó a los internos entre diferentes establecimientos de alta seguridad del territorio nacional.
De acuerdo con la información conocida, los reclusos fueron enviados a establecimientos ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, en Boyacá.
Ibagué, entre los destinos
La capital del Tolima aparece dentro del grupo de ciudades receptoras. Allí funciona el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña, uno de los establecimientos con mayor capacidad del sistema penitenciario colombiano.
Según estadísticas del propio Inpec correspondientes a diciembre de 2025, el complejo de Ibagué contaba con una capacidad de 4.487 cupos, ubicándose entre los establecimientos penitenciarios con mayor capacidad del país.
Además, Picaleña ha formado parte de las cárceles priorizadas históricamente para operativos especiales de registro y control destinados a combatir fenómenos como la extorsión y otras actividades ilícitas coordinadas desde centros penitenciarios.
103 estaban recluidos en Itagüí
Uno de los datos conocidos posteriormente indica que al menos 103 de los 117 internos trasladados permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí, Antioquia.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la movilización de este grupo de internos hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.
Imágenes conocidas durante las últimas horas también mostraron un importante despliegue del Inpec para efectuar los movimientos de personas privadas de la libertad.
Gobierno busca cortar operaciones desde las cárceles
La decisión responde a una nueva estrategia del Ejecutivo que pretende reforzar la vigilancia sobre internos considerados de alto perfil y reducir su capacidad de mantener comunicaciones o coordinaciones con organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios.
El Gobierno señaló que esta constituye una de sus primeras acciones encaminadas a recuperar el control de las cárceles, garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y fortalecer la autoridad estatal dentro del sistema penitenciario.
La administración De la Espriella también advirtió que quienes pretendan utilizar los establecimientos carcelarios para continuar desarrollando actividades criminales serán sometidos a las acciones contempladas por la ley.
La medida marca así una de las primeras señales de la política de seguridad del nuevo Gobierno, apenas iniciado el periodo presidencial, y pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el control que ejercen algunos cabecillas y organizaciones criminales desde las cárceles del país.El traslado a Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne está corroborado por varios reportes publicados este 8 de agosto.
