El concejal de Ibagué, Camilo Acevedo, denunció recientemente una presunta operación organizada por el gobierno nacional para desacreditar a mandatarios regionales opositores al presidente Gustavo Petro. Según Acevedo, esta estrategia se estaría llevando a cabo mediante el uso de influencers, contratados con recursos públicos a través del Sistema de Medios Públicos (RTVC), quienes se dedicarían a atacar a los líderes locales como parte de una campaña de desinformación.
El caso que Acevedo destapó tiene como protagonista al influencer Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como Wally Opina. Este personaje, según la denuncia, estaría recibiendo un pago mensual de $7.995.200 por un contrato con RTVC, a través del cual debería crear contenido para las plataformas de dicho medio público. Sin embargo, el concejal afirma que Wally estaría utilizando los recursos para viajar por el país y realizar campañas de desprestigio contra los opositores del gobierno nacional, en particular contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.
En un video difundido en redes sociales, Acevedo expuso que, a pesar de la apariencia de los contenidos como “opinión jurídica”, lo que realmente se estaría promoviendo a través de estos videos es una campaña en contra de la administración local. Según Acevedo, la estrategia de desprestigio buscaría afectar a mandatarios que no forman parte del Pacto Histórico, como es el caso de Aranda, quien fue elegida con el apoyo de varios partidos como Centro Democrático, Cambio Radical, MIRA y La U.
El concejal también señaló que detrás de esta operación se encuentran figuras como Holman Morris, director de RTVC, y exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, ambos con estrechos vínculos políticos y personales con el actual gobierno. Además, mencionó al ex candidato del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, quien, según Acevedo, también estaría vinculado a estas acciones.
La denuncia de Acevedo pone en evidencia lo que parece ser una estrategia sistemática para atacar a aquellos mandatarios locales que no comulgan con la agenda del gobierno central, utilizando recursos del Estado para financiar una red de propaganda digital. Acevedo concluyó que lo que sucede en Ibagué es solo «la punta del iceberg», sugiriendo que otros mandatarios locales podrían estar siendo blanco de tácticas similares.
