A veces la historia avanza a empujones. Otras, retrocede a decretazos. Lo que hizo el presidente Petro al expedir sus decretos de Emergencia Económica para meterle la mano a las rentas de los departamentos no es una reforma técnica: es una embestida política contra las regiones. Por eso la decisión de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y de otros 19 gobernadores de no acatar una medida abiertamente inconstitucional no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad. Es la defensa del territorio frente a un centralismo voraz que amenaza con dejar a los departamentos literalmente en emergencia económica.
El primer gran error del Gobierno es de cálculo básico. Petro cree que subir impuestos al licor y al cigarrillo es sinónimo de recaudar más. Falso. Es economía de primaria: cuando se encarece un producto como el Aguardiente Tapa Roja, el consumo legal se contrae. La gente compra menos o migra a otras opciones. Resultado: cae la base gravable y, con ella, el recaudo. En departamentos como el Tolima, las rentas del monopolio del licor representan una fuente importante de ingresos propios. Petro cree que el bolsillo del ciudadano es un pozo sin fondo. Al subir los precios por decreto, no aumentará el recaudo: quebrará la industria licorera nacional y asfixiará las finanzas regionales.
Pero el golpe no es solo fiscal. Es también un regalo envenenado para las mafias. Cuando el licor legal se vuelve impagable, el mercado negro florece. El contrabando y el licor adulterado controlados por bandas criminales y estructuras transnacionales se convierten en la opción “barata”. La paradoja es brutal: el decreto de Petro termina financiando a los criminales que dice combatir, mientras desfinancia a los departamentos que deben invertir en seguridad y salud pública. Es un suicidio institucional.
¿Y quién paga la cuenta? El ciudadano de a pie. Menos ingresos para la Gobernación significa menos recursos para hospitales como el Federico Lleras Acosta, para la Universidad del Tolima, para el deporte y para programas esenciales como el PAE. Los departamentos deben seguir garantizando cobertura en salud y educación, pero el Gobierno Nacional les quita la billetera para hacerlo. El Tolima, que ha sido juicioso saneando sus finanzas, es castigado por su eficiencia: le quitan recursos para llevarlos a una “bolsa común” en Bogotá, opaca y sin reglas claras, donde el riesgo de despilfarro y corrupción es evidente.
El remate es jurídico. La figura de la Emergencia Económica existe para catástrofes imprevisibles, no para imponer por decreto lo que el Congreso no aprobó. El artículo 362 de la Constitución es claro: las rentas tributarias de las entidades territoriales están blindadas. Petro pasa por encima de la Carta Magna para centralizar poder y caja. Frente a eso nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz ha sido clara: la excepción de inconstitucionalidad es un derecho legítimo cuando una medida pone en jaque la estabilidad social de los territorios.
Si estos decretos continúan, como advirtió la gobernadora, los departamentos serán los que entren en emergencia económica. La desobediencia de los gobernadores no es capricho: es un acto de defensa de la democracia, de la autonomía regional y del derecho de las regiones a no morir de hambre por un decreto escrito desde un escritorio en Bogotá. Aquí no hay rebeldes. Hay mandatarios defendiendo a su gente. Y eso, hoy, es un acto de valentía.
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