
En un operativo conjunto, la Policía Nacional, a través de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ICE/HSI), capturaron en Cajamarca, Tolima, a Wilmer Fernando Jiménez y Jorge Humberto Medina, señalados por el presunto delito de producción, almacenamiento y distribución de material ilegal relacionado con menores de edad.
Jorge Humberto Medina, además de haber sido candidato al Concejo de Cajamarca en 2023, es el actual presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pedregal. Según la Dijín, ambos individuos producían, almacenaban y difundían material de abuso infantil a través de aplicaciones de mensajería instantánea, tanto a nivel nacional como internacional.
El coronel Hebert Noe Mejía Castro, director de la Dijín, informó que la investigación se inició tras recibir cuatro alertas internacionales del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, con información proporcionada por Google. Estas alertas identificaron la difusión de 17 archivos fotográficos y de video de producción propia que evidenciaban el abuso de menores.
Durante las capturas, se logró el rescate de cuatro menores: dos hijos de uno de los detenidos y dos vecinos de 11 y 13 años. También se incautaron dos teléfonos móviles. Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, señaló que entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, Jiménez habría recopilado material audiovisual que involucraba a menores en situaciones comprometedoras. Por su parte, Medina presuntamente grabó, almacenó y envió a un contacto, mediante mensajería instantánea, un video con contenido inapropiado que involucraba a dos hermanos menores de Cajamarca.
Los menores rescatados fueron puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputó cargos por el delito de «pornografía con personas menores de 18 años». El juez legalizó las capturas y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.