El caso ha generado conmoción en el departamento tolimense, pues familiares y allegados del hombre sostienen que él es paciente con retardo psicomotriz, condición diagnosticada hace más de una década y respaldada con múltiples valoraciones médicas en centros especializados de Ibagué y Bogotá.
De acuerdo con la defensa, Óscar Julián recibe tratamiento constante y presenta limitaciones en su desarrollo psicosocial, lo que —según explican— debe ser tenido en cuenta en el proceso judicial. “No estamos justificando lo sucedido, pero pedimos que se valore su condición médica”, indicaron sus cercanos.
El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existió responsabilidad penal.
Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la atención y acompañamiento que requieren personas con discapacidad cognitiva, así como las garantías de protección hacia las víctimas de abuso sexual.
