Una grave situación de seguridad enfrenta el Consejo Municipal de Juventudes de Ibagué. Consejeros y miembros de la Plataforma de Juventudes han denunciado una serie de amenazas, hostigamientos y mensajes intimidatorios que, según aseguran, buscan frenar su participación política.
Desde la presidencia del consejo, Nicolás Bolívar confirmó la preocupación: “Varios integrantes del Consejo Municipal de Juventudes y plataformados han recibido amenazas vía teléfono. Es lamentable que un espacio que los jóvenes han luchado durante años hoy genere miedo por la seguridad”. Además, señaló que ya se activaron rutas de atención con acompañamiento institucional y psicológico.
Las denuncias no son aisladas. Juan Andrés Arteaga aseguró que las intimidaciones buscaban impedir su asistencia a las sesiones: “Nos invitaban a no participar. Es una estrategia cobarde que busca silenciar a quienes hacemos parte de estos espacios”. También advirtió que la violencia “ya pasó de lo invisible a lo visible”.
Por su parte, Santiago Urrego alertó sobre la gravedad de los hechos: “Hemos recibido amenazas de muerte, hostigamientos y acoso. Muchos estamos con temor por posibles represalias”. Según explicó, los mensajes llegan principalmente a través de WhatsApp y, en algunos casos, suplantando identidades de actores políticos.
Una de las situaciones más delicadas involucra a menores de edad. María José Peñaranda relató: “Recibí mensajes donde me decían que no me presentara a la sesión, que mi integridad corría riesgos”. Su familia exige garantías de seguridad para los jóvenes que apenas comienzan su participación en estos escenarios.
En la misma línea, Mariana Amaya denunció amenazas directas: “Nos decían que no podíamos aparecer solos, que sabían dónde vivíamos. Son mensajes que afectan incluso la salud mental”. Confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades.
Otros consejeros también han sido víctimas. Juan David Caicedo explicó: “Recibimos mensajes con groserías y advertencias para que no participemos. Nos dicen que tengamos cuidado o que dejemos de asistir”.
Mientras tanto, David Santiago Rubio Lozano denunció que existe un patrón reiterativo: “Se trata de un ataque sistemático contra quienes hacemos control político. Buscan sacarnos de estos espacios”.
Las denuncias ya fueron elevadas ante la Fiscalía General de la Nación y otras entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, con el fin de identificar a los responsables y garantizar la protección de los jóvenes.
A pesar del miedo, los consejeros coinciden en un mensaje: no se dejarán intimidar. “La política debe hacerse desde el respeto y la construcción. No podemos permitir que el miedo silencie a las nuevas generaciones”, concluyó Bolívar.
La situación enciende las alarmas sobre las garantías reales para la participación juvenil en Ibagué, donde hoy, más que propuestas, el debate parece estar marcado por el temor
