El Ministerio del Trabajo de Colombia anunció que expedirá lineamientos para garantizar derechos laborales a las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades productivas dentro de los centros penitenciarios.
La iniciativa busca que quienes cumplan con condiciones específicas —como vinculación formal a labores autorizadas— puedan recibir al menos un salario mínimo y acceder a protección social, incluyendo aportes a pensión. La medida pretende dignificar el trabajo en las cárceles y avanzar en procesos de resocialización más efectivos.
Según la cartera laboral, el objetivo es cerrar brechas históricas en materia de derechos, regulando las actividades que hoy realizan los internos en talleres, servicios y programas productivos, muchas veces sin garantías claras.
El Ministerio indicó que la reglamentación establecerá criterios sobre tipo de labores, jornadas, remuneración y afiliación al sistema de seguridad social, en articulación con las autoridades penitenciarias.
Con este anuncio, el Gobierno busca transformar el trabajo en prisión en una herramienta real de reintegración, con beneficios que trasciendan el tiempo de reclusión y aporten a la vida laboral de los internos una vez recuperen su libertad.
