
Un juez de conocimiento condenó a 12 años de prisión a Álvaro González Murillo, exalcalde del municipio de Prado, Tolima, por irregularidades en la celebración de 17 convenios suscritos durante el segundo semestre de 2016. El proceso judicial también terminó con condenas contra otras tres personas que habrían participado en el esquema contractual.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario fue declarado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado.
Los convenios tenían como propósito financiar y desarrollar actividades sociales, educativas, deportivas, culturales y comunitarias en el municipio. Sin embargo, durante la investigación se estableció que no existían documentos suficientes que acreditaran la idoneidad y experiencia de la empresa contratista, ni soportes que permitieran verificar la correcta destinación de los recursos públicos entregados.
Según la Fiscalía, estas irregularidades ocasionaron un detrimento patrimonial cercano a los $300 millones.
La investigación también determinó que González Murillo no solamente suscribió los convenios, sino que participó en diferentes etapas del proceso contractual. Entre sus actuaciones estuvo la expedición de resoluciones relacionadas con los estudios previos, la declaración de idoneidad y experiencia de la asociación contratista, así como la autorización de la liquidación y el pago de los recursos.

Tres personas más fueron condenadas
Por estos mismos hechos también fue condenada Diana Carolina Romero Yara, quien para la época se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social de Prado. La exfuncionaria recibió una pena de 11 años de prisión, luego de que se estableciera su participación como supervisora de los convenios, función desde la cual certificó el cumplimiento de los contratos y autorizó los respectivos pagos.
Asimismo, Gladys Lucía Cabezas Leonel, quien ejercía como representante legal de la empresa contratista, fue condenada a 8 años de prisión.
La misma pena recibió Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exalcalde, quien, según lo demostrado durante el proceso, habría desarrollado labores de gestión, coordinación y organización del esquema contractual.




