La operación, denominada PIJAOS X, se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según informó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fueron intervenidas tres unidades de producción minera ilegal ubicadas cerca de la ribera del río Saldaña.
Las cifras entregadas por la mandataria departamental revelan la dimensión económica de esta actividad. De acuerdo con el reporte oficial, la cadena de explotación intervenida generaba cerca de $3.087 millones mensuales en oro ilegal, mientras que la destrucción de la maquinaria y las estructuras representó una afectación superior a los $464 millones para las finanzas del Frente Gerónimo Galeano.
El resultado representa un golpe a la infraestructura utilizada para mantener activa la explotación ilícita de oro en esta zona del departamento. Sin embargo, también pone sobre la mesa la magnitud de las economías ilegales que operan en el sur del Tolima y los recursos que pueden generar a partir de la extracción no autorizada de minerales.
La cercanía de los puntos intervenidos con el río Saldaña vuelve a poner en el centro del debate las consecuencias ambientales de esta actividad. La utilización de maquinaria pesada en las riberas y zonas de explotación representa una amenaza para los recursos naturales y las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Tras anunciar los resultados, Matiz aseguró que las operaciones continuarán en el sur del departamento y reiteró que la protección del territorio requiere acciones contra las estructuras que se financian mediante actividades ilegales. “Defender el río Saldaña es defender la vida, el agua y el futuro de nuestras comunidades”, expresó.
Aunque la destrucción de las 12 excavadoras representa un golpe importante a la infraestructura minera ilegal, el desafío para las autoridades será evitar que estas estructuras vuelvan a instalarse y establecer quiénes están detrás de las redes que sostienen este millonario negocio.
