Esta semana, el debate energético colombiano volvió a cambiar de rumbo. El presidente anunció que su Gobierno reabrirá la exploración y la firma de nuevos contratos de petróleo y gas y puso nuevamente sobre la mesa una de las palabras más polémicas de la política ambiental de los últimos años: fracking. La declaración se produjo durante la posesión de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de y fue presentada como parte de una estrategia para recuperar la “soberanía energética” del país.
La discusión merece algo más que aplausos o indignación automática. Colombia tiene razones económicas para volver a explorar, pero también tiene razones ambientales y sociales para no convertir el fracking en una carrera sin límites.
Esa es la tesis de esta columna.
Los números que preocupan
Comencemos por los hechos.
Según el informe oficial Colombia terminó 2025 con 2.020 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a aproximadamente 7,4 años de producción.
La situación del gas es más delicada: las reservas probadas quedaron en 1.717 gigapiés cúbicos, suficientes para aproximadamente 5,9 años al ritmo de producción considerado por la autoridad. Frente a 2024, las reservas probadas de gas disminuyeron cerca de 16,8 %.
Estos datos respaldan una parte importante del argumento gubernamental: Colombia sí enfrenta un problema de seguridad energética que no debería minimizarse por razones ideológicas.
Un país productor de hidrocarburos que termina dependiendo cada vez más de importaciones de gas queda expuesto a precios internacionales, disponibilidad externa y riesgos geopolíticos.
Además, petróleo y gas continúan teniendo un peso significativo en nuestra economía. En 2025, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas sumaron aproximadamente US$19.190 millones, aunque disminuyeron 17,9 % frente a 2024.
Por eso resulta simplista sostener que Colombia puede apagar mañana la industria petrolera y reemplazarla inmediatamente con paneles solares y parques eólicos.
No puede.
Pero tampoco podemos regresar al pasado
Reconocer esa realidad económica no significa aceptar cualquier forma de explotación.
Ahí comienza la otra mitad del debate.
El fracking —fracturamiento hidráulico de formaciones rocosas para extraer hidrocarburos— genera controversias internacionales por sus potenciales efectos sobre los recursos hídricos, las emisiones de metano, la disposición de aguas residuales, la transformación territorial y la actividad sísmica inducida asociada principalmente al manejo e inyección de fluidos.
Por eso una frase como “fracking a lo que dé” puede funcionar políticamente, pero resulta problemática como orientación de política pública.
La energía no debería administrarse mediante consignas.
Ni las de quienes prometen acabar inmediatamente con los combustibles fósiles ni las de quienes plantean explotarlos sin restricciones.
El Gobierno tiene un punto
Hay que reconocerlo.
Durante años Colombia ha discutido la transición energética como si exploración petrolera y energías renovables fueran necesariamente incompatibles.
No deberían serlo.
Un país puede desarrollar solar, eólica, almacenamiento, transmisión e hidrógeno y simultáneamente garantizar reservas suficientes de gas para respaldar el sistema mientras ocurre esa transformación.
Incluso hay una paradoja importante: una transición energética desordenada puede terminar aumentando la dependencia energética del exterior.
Y sustituir gas colombiano por gas importado no elimina necesariamente las emisiones globales. Simplemente cambia el lugar donde se produce el combustible y agrega costos de transporte e infraestructura.
Desde esa perspectiva, recuperar exploración puede ser económicamente razonable.
Pero los ambientalistas también tienen un punto
Y uno muy importante.
Colombia emitió 276,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2024. Por primera vez desde 2022, el sector energético fue la principal fuente de emisiones del país, con 38,1 % del total, superando al cambio de uso del suelo y silvicultura, que representó 27,4 %.
El país, además, mantiene compromisos climáticos internacionales.
Eso significa que abrir nuevas fronteras petroleras sin una estrategia paralela y verificable de descarbonización podría crear una contradicción evidente: buscar seguridad energética hoy comprometiendo las obligaciones ambientales de mañana.
También existe otro riesgo que Colombia conoce demasiado bien.
Las decisiones tomadas desde Bogotá suelen terminar ejecutándose en territorios donde viven comunidades que soportan los impactos ambientales mientras buena parte de los beneficios económicos se distribuyen lejos de ellas.
Por eso cualquier eventual desarrollo de yacimientos no convencionales tendría que superar evaluaciones ambientales rigurosas, garantizar información pública, monitoreo independiente y participación territorial efectiva.
Ni Petro tenía toda la razón ni De la Espriella tiene toda la razón
Ahí probablemente está la discusión que el país necesita.
El gobierno de acertó al advertir que Colombia debía acelerar la transición energética y reducir su dependencia histórica de los hidrocarburos.
Pero una transición no consiste simplemente en dejar de firmar contratos.
Hay que construir simultáneamente la energía que reemplazará aquello que se pretende abandonar.
El Gobierno actual, por su parte, acierta al poner nuevamente sobre la mesa la seguridad energética y el deterioro de las reservas.
Pero cometería un error equivalente si interpreta esas cifras como una autorización para regresar al modelo energético del siglo XX.
El mundo tampoco está abandonando los hidrocarburos de un día para otro, pero sí está invirtiendo cantidades gigantescas de recursos en tecnologías limpias.
Colombia tendría que hacer ambas cosas con inteligencia: garantizar energía durante la transición y acelerar la transición para depender cada vez menos de los hidrocarburos.
El verdadero debate no debería ser “fracking sí o no”
Deberíamos formular preguntas mucho más difíciles.
¿Dónde podría realizarse?, ¿Con qué tecnología?, ¿Cuánta agua utilizaría?, ¿Qué ocurriría con las aguas residuales, ¿Quién mediría posibles afectaciones ambientales?, ¿Qué zonas quedarían definitivamente excluidas?, ¿Cuánto recibirían las regiones productoras?, ¿Quién respondería económicamente por un daño ambiental?, ¿Y cuál sería el mecanismo para suspender inmediatamente una operación cuando los indicadores ambientales superen límites previamente establecidos?
Esas preguntas no pueden responderlas únicamente las empresas petroleras.
Pero tampoco deberían responderlas exclusivamente los activistas ambientales.
Necesitamos universidades, científicos, comunidades, autoridades ambientales, expertos petroleros, economistas y organismos independientes sentados en la misma mesa.
La contradicción colombiana
Colombia quiere recibir regalías petroleras, pero reducir la producción petrolera.
Quiere energía barata, pero rechaza nuevos proyectos energéticos.
Quiere cumplir sus metas climáticas, pero todavía depende económicamente de los hidrocarburos.
Quiere industrializarse, pero necesita grandes cantidades de energía para hacerlo.
Todas esas aspiraciones son legítimas.
Lo que resulta imposible es cumplirlas simultáneamente sin reconocer que existen costos y decisiones difíciles.
Por eso esta discusión no debería resolverse preguntando quién está de acuerdo con Petro o quién está de acuerdo con De la Espriella.
La energía de Colombia no pertenece a un presidente.
Explorar puede ser necesario. Explotar sin límites, no.
La nueva política energética puede convertirse en una oportunidad si Colombia utiliza los ingresos provenientes de petróleo y gas para financiar precisamente aquello que algún día permitirá depender menos de ellos: energías renovables, redes eléctricas, ciencia, tecnología, transporte limpio y diversificación productiva.
Sería una enorme contradicción extraer más petróleo simplemente para prolongar indefinidamente nuestra dependencia petrolera.
Pero también sería irresponsable renunciar anticipadamente a recursos estratégicos mientras el país todavía carece de sustitutos suficientes.
La transición energética seria no consiste en escoger entre petróleo o renovables.
Consiste en establecer cómo pasamos responsablemente de uno hacia las otras.
Y allí debería estar la discusión nacional.
Porque entre el “no se explora nada” y el “fracking a lo que dé” existe un territorio mucho menos atractivo para los discursos políticos, pero bastante más útil para Colombia:
la evidencia científica, la responsabilidad ambiental y la planificación energética de largo plazo.
Ese camino produce menos titulares.
Pero probablemente produce mejores países.
